El plan del presidente Donald Trump de designar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas es explosivo desde cualquier perspectiva. Busca ampliar las facultades de su gobierno para actuar más allá de sus fronteras contra los cárteles, lo que tiene serias implicaciones para México. Además, expone a las empresas con operaciones en el país al riesgo de ser acusadas de apoyar a una organización terrorista si, voluntaria o involuntariamente, manejan dinero vinculado al narcotráfico o pagan extorsiones para operar, algo común en ciertos sectores económicos.
El tema tiene tal carga que incluso Elon Musk se sumó el jueves a la polémica desde su cuenta de X, donde calificó al The New York Times como “pura propaganda” en referencia a la nota titulada “How Labeling Cartels ‘Terrorists’ Could Hurt the US Economy” (“Cómo etiquetar a los cárteles como ‘terroristas’ podría dañar la economía estadounidense”). Además, Musk colocó a Carlos Slim en el centro de la controversia al retuitear una publicación que, falsamente, lo acusa de estar detrás del artículo. Para Musk, evidentemente, la estrategia de Trump es la correcta para combatir el narcotráfico y no afectará negativamente a la economía de Estados Unidos, pese a lo que sugiere el encabezado del artículo.
No sé si esta medida tendrá o no ese efecto en la economía estadounidense, pero lo que es un hecho es que, una vez implementado, el plan tendrá implicaciones profundas para las empresas que operan en México. Ignorar lo que se avecina sería un grave error. Además, el impacto en la economía mexicana podría ser significativo. Basta considerar los riesgos y costos que esto implicará para quienes participan en el negocio de las remesas, las instituciones financieras o las empresas de sectores como la minería y la agricultura, especialmente en regiones bajo control del narcotráfico.
De acuerdo con la encuesta de 2024 de la American Chamber of Commerce, el 12 por ciento de las empresas afiliadas reportó que “el crimen organizado ha tomado control parcial de las ventas, distribución y/o precios de sus productos”. Además, el 45 por ciento declaró haber recibido demandas de extorsión para pagos de protección. Estos datos reflejan el alcance y la influencia del crimen organizado en las operaciones empresariales, lo que hace evidente la complejidad de etiquetar a los cárteles como organizaciones terroristas.
Por ello, un documento recientemente publicado por FTI Consulting, del cual soy coautor, sostiene que la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas no solo tendrá implicaciones políticas y de seguridad nacional, sino que también impactará profundamente a las empresas vinculadas a México. Cualquier pago o asistencia logística a organizaciones o individuos relacionados con los cárteles podría interpretarse como apoyo a grupos terroristas, lo que conllevaría graves consecuencias, como el embargo de activos, cargos penales, multas significativas y un daño reputacional que puede ser devastador para cualquier empresa involucrada, incluso de manera indirecta.
Para mitigar los riesgos legales, financieros y reputacionales que implica esta designación, las empresas tendrán que asumir costos adicionales significativos. Será necesario reforzar los controles internos para evitar pagos ilegales como el “derecho de piso”, realizar verificaciones exhaustivas de proveedores, socios y clientes, y documentar cada transacción con el máximo rigor, entre otras medidas. Este esfuerzo no solo conlleva un gasto considerable, sino que refleja la creciente complejidad de operar en un entorno cada vez más plagado de riesgos.
Con todo, el análisis de FTI sugiere que para las empresas tratar de oponerse a una medida tan políticamente cargada no es una opción sensata, pues sería como estar en contra de combatir el crimen organizado. Ya vimos cómo reaccionó Musk ante el artículo del The New York Times. Como con otras medidas de Trump, no importa qué digan los expertos; la decisión sobre la designación de los cárteles como organizaciones terroristas está tomada y habrá que vivir con ella.
La importancia de la medida queda clara en la orden ejecutiva que Trump firmó el día de su toma de posesión. En dicha orden se afirma que los cárteles controlan el tráfico ilegal de drogas a través de la frontera sur de Estados Unidos “mediante el uso de asesinatos, terror y fuerza bruta”. Además, en regiones de México, actúan como “entidades cuasi gubernamentales”, controlando casi todos los aspectos de la sociedad. Sus actividades, proximidad e incursiones representan “un riesgo inaceptable” para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Planteado el tema de esta manera, creer que la medida anunciada no se implementará es una fantasía. Lo es tanto para el gobierno de México como para las empresas que operan en el país.