El viernes pasado venció el plazo establecido del 8 al 31 de enero para que las organizaciones ciudadanas interesadas en constituir nuevos partidos políticos notificaran su intención al Instituto Nacional Electoral. La lista cerró con 89 notificaciones y, en máximo 10 días hábiles, conoceremos cuántas tendrán semáforo verde para iniciar asambleas y sus campañas de afiliación.
Resumiendo: para lograr el registro cada organización deberá celebrar, al menos, 20 asambleas estatales con 3 mil afiliados o más o, en su caso, 200 asambleas distritales con 300 afiliados; lograr un registro, de más de 256 mil afiliados por medio de la aplicación informática desarrollada por el INE; y celebrar una asamblea nacional constitutiva en enero de 2026 para solicitar, con la comprobación de requisitos, el registro formal. La autoridad resolverá la procedencia o improcedencia de los registros hacia el mes de julio del próximo año.
Más allá de los aspectos formales, la creación y funcionamiento de nuevos partidos debe alejarse y corregir la dinámica y vicios en los que incurrieron los institutos políticos actuales y muchos de los que perdieron el registro casi de inmediato. La crisis que viven deviene de su evidente incapacidad para representar los intereses de las bases que los apoyaron, cuyo castigo es palpable en los resultados electorales que obtienen y en la migración de sus militancias decepcionadas al oficialismo corporativo y paternalista de Morena.
Es lamentable para nuestra democracia, pero es evidente que los partidos mexicanos incumplen sus obligaciones constitucionales y se convirtieron en patrimonio de sus dirigencias que controlan tanto los recursos provenientes del financiamiento público federal y local como la postulación a cargos de elección popular, para perpetuar en el poder a unos cuantos, a sus amigos e incluso familiares; se benefician de figuras legales como la elección consecutiva, saltan de un cargo a otro, se turnan en las responsabilidades y, como consecuencia, cancelan la renovación generacional interior que debería darse de manera natural.
Es claro que no tendremos 89 partidos nuevos, dado que el proceso legal para su constitución está diseñado para que lleguen muy pocos, dos o tres, que de inmediato tendrán una prueba de supervivencia en condiciones de inequidad frente a la alianza gobernante. De cualquier manera, su responsabilidad consiste en recuperar espacios de representación política de la sociedad, impulsar la restauración de la democracia mexicana y disminuir los efectos de la excesiva concentración de poder que vivimos luego de las elecciones de 2024.
El reto está en convencer a amplios sectores de la sociedad beneficiados por los programas sociales, incluir de manera genuina y auténtica la participación de grupos en condiciones de vulnerabilidad, ser instancias de inclusión de jóvenes olvidados por los partidos en funciones que requieren canales de participación y expresión, construir nuevos liderazgos que no se perpetúen ni se beneficien del poder y signifiquen opciones nuevas y auténticas para la organización social. México urge de la recomposición de una oposición que no sea testimonial.
Veremos si el INE y el TEPJF están a la altura para conducir el procedimiento de constitución de nuevos partidos que se cruza con la cuestionada elección judicial y con los amagos del oficialismo que impulsará la reforma electoral y amenaza con retomar las propuestas de los planes A y B de López Obrador que servirán para asestar otro golpe demoledor a nuestra democracia.