El principal defecto de la así llamada reforma judicial promovida por el expresidente López Obrador y aprobada por la mayoría oficialista en el Congreso de la Unión es que somete a votación popular a los integrantes de un poder que, precisamente por así hacerlo, pierde su razón de ser.
Fuimos testigos de un proceso de selección que estuvo caracterizado por la opacidad y el influyentísimo, por la violación de las reglas constitucionales que, paradójicamente, el propio oficialismo estableció en la reforma judicial que aprobaron. La democratización de la justicia no se logra con retórica ni narrativas políticas, tampoco con la demolición del Poder Judicial Federal. Parece que el oficialismo no ha entendido que los verdaderos problemas de corrupción y nepotismo que impiden que miles de mexicanas y mexicanos obtengan justicia, están en la olvidada justicia local, en los ministerios públicos que no investigan, en la falta de capacidad de una defensoría pública profesional y eficiente. Es ahí donde tenemos que poner el acento si queremos resolver los problemas en materia de justicia que aquejan a este país.
Recordemos que entre las virtudes más importantes que debe tener la rama judicial se encuentra su imparcialidad. No debería ser necesario repetirlo, pero hay que hacerlo: sin juicios imparciales no hay justicia. Sin justicia, habría que agregar, una sociedad ingresa en el colapso y la decadencia.
La imparcialidad de quienes imparten la ley no puede garantizarse si su actuación se encuentra a merced de lo que se decida en la arena política, que siempre depende del vaivén de la opinión pública. Por esta razón, el espíritu de la reforma judicial va en contra del espíritu de la justicia.
Pero hay otro problema también muy grave. Aún si se considerara que es una buena idea que los ciudadanos voten por los jueces por la vía del sufragio universal, la reforma – hay que decirlo las veces que se necesiten – no brinda las condiciones para que esto ocurra. En primer lugar, el INE no tendrá los recursos para realizar esta elección como se debe. En segundo lugar – que va de la mano del punto anterior – los ciudadanos no podrán realmente comparar perfiles y propuestas de los supuestos candidatos, dado que, en los hechos, no habrá campañas. Una elección sin campaña es como un círculo cuadrado. Si el espíritu de la reforma es errado, su puesta en práctica entraña una simulación.
El peor de los mundos posibles: tendremos elecciones que no deben hacerse, pero que no serán realmente unas elecciones. Kafka en México.
Lo que se está garantizando con todo este episodio es que vayan a ocupar las posiciones de ministros, magistrados y jueces personas sin la educación o la capacidad para impartir justicia. Hemos llegado a tal punto en todo este proceso que el nombramiento de quienes eventualmente vestirán la toga se habrá realizado por medio de un proceso de insaculación, es decir, por la vía del azar.
Recordemos lo que ha venido a sustituir este proceso. La forma en que se nombraban los jueces, todavía hasta hace muy poco, era uno que consistía en una mezcla que tomaba en cuenta la legitimidad democrática (los ministros, magistrados y jueces eran nombrados por instancias elegidas por sufragio universal) y la preparación académica y práctica, pues había toda una vía a lo largo de la cual los futuros togados pasaban distintas pruebas. Sólo después de seguir este camino, a veces arduo, alguien podría aspirar al puesto.
Todo lo cual nos lleva al día de hoy. Existe una larga lista de personas que aparentemente competirán en las “elecciones” de este año, que no llegaron ahí por el camino del esfuerzo, el estudio y la preparación.
Todo esto es muy serio.
Esta reforma, además, llega en un momento delicado para el país, ya que se está intentando – por medio del Plan México, por ejemplo – atraer inversiones que puedan ayudar a la economía mexicana salir avante en estos tiempos convulsos en el escenario internacional. Y ya sabemos lo que muchos empresarios opinan sobre la afectación del clima de negocios de esta reforma judicial.
Todavía estamos a tiempo de rectificar. Pero se necesita una gran voluntad de todas las partes para detenernos y pensar mejor las cosas. La justicia en México es lo que está en juego.