¿Qué pasaría si el gobierno crea una ley que determine el uso y destino de los recursos que envían nuestros paisanos migrantes a sus familiares? ¿Ustedes creen que los migrantes lo permitirían? ¿Ustedes creen que el pueblo bueno que recibe esas remesas lo autorizaría? ¡Claro que no! Son recursos privados, y la gente debe decidir su destino. Tristemente, la gente no entiende que, literalmente, el gobierno está planteando algo similar con la reforma aprobada en el pleno y en las comisiones del Senado a la ley del Infonavit.
Pocos conocen a fondo el Infonavit, y desafortunadamente, aún menos saben sobre este instituto aquellos que están votando para cumplir con la instrucción sobre la implementación de esta reforma. Para poner un poco en contexto este Debate Puntual, hablemos brevemente sobre la vocación social del Infonavit y la gran responsabilidad que tiene: cumplir el anhelo de que cada individuo pueda tener un techo llamado hogar.
El instituto, por mandato desde su última reforma en 1992, tiene la obligación de originar créditos hipotecarios para que los trabajadores puedan adquirir una vivienda. Para poder cumplir con este mandato, la institución debía asignar el 51 por ciento de los créditos que se originen en un rango de 1 a 4 VSM. Los que conocemos financieramente a esta institución sabemos que dichos créditos se originaban con pérdida, ya que justamente ese segmento de la sociedad es el más vulnerable a los costos de indexación, que año con año provocaban un incremento considerable en los intereses, lo que hacía que dichos créditos fueran impagables.
Si hablamos de la era moderna del Infonavit, la administración que encabezó Víctor Borrás de 2000 a 2012 logró consolidar la situación financiera del instituto, convirtiéndolo en un ejemplo a nivel mundial y en una referencia hipotecaria para países como Canadá. Ahora bien, si hablamos de las áreas de oportunidad de este proceso, lamentablemente se descuidó el contexto de la vivienda social. Se fomentó el crecimiento de las desarrolladoras como Geo, Ara y Su Casita, que se dedicaron a construir viviendas en zonas completamente inaccesibles, sin servicios, sin vías de comunicación, sin transporte público, lo cual provocaba que los acreditados del instituto optaran por abandonar las viviendas y dejar de pagar su crédito.
Quiero referirme a este caso porque justamente lo que debemos buscar es abatir y mitigar aquellas cosas que no salieron bien, y lograr revertirlas. Ahora bien, la reforma planteada destruye por completo lo que debe ser el instituto y lo rompe desde sus raíces, eliminando el tripartismo compuesto por las direcciones sectoriales de los trabajadores, empresarios y gobierno, siendo este último quien tome protagonismo y la batuta en las decisiones sobre los recursos del fondo.
Como todos sabemos, al régimen que nos gobierna no le gustan los contrapesos, mucho menos les gusta que les digan qué pueden y qué no pueden hacer. Y lamentablemente, lo que tenemos como ejemplo de los resultados en lo que han tocado es que simplemente está destruido o en camino a estarlo, tal es el caso de Pemex, Segalmex, Notimex, IMSS, CFE, entre otros tantos ¿Eso queremos para el INFONAVIT?
Me gustaría desglosar algunos de los puntos que pretenden implementar con esta reforma. El mandato del Infonavit se amplía con el objetivo de establecer un sistema de orientación social, enfocado en ofrecer créditos accesibles y suficientes, impulsar la construcción de vivienda y fomentar el arrendamiento social con opción a compra. ¿De verdad queremos que ahora el gobierno determine y construya la vivienda de los mexicanos? Ahí tenemos el AIFA o el Tren Maya.
Aunque la reforma excluye al Infonavit de la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Secretaría de Hacienda será la encargada de emitir reglas prudenciales para el manejo del balance del organismo y podrá requerir información o aclaraciones sobre su contabilidad y estados financieros. Además, el Infonavit deberá presentar un informe al Congreso cada 30 de mayo.
En cuanto a la estructura de gobierno del Infonavit, la reforma plantea cambios significativos. El director general será designado directamente por el presidente de la República, además, el presidente tendrá derecho de veto sobre las decisiones del Consejo de Administración que no cuenten con unanimidad.
Claramente, estarían tomando control del instituto y de los 2.4 billones de pesos en la cartera. Los ciudadanos nuevamente estamos a la expectativa, y por desgracia cada vez intervienen más en asuntos que impactarán, día a día, el México en el que viviremos y que heredaremos a nuestros hijos.
Esto no puede continuar si realmente queremos reconstruir los contrapesos y fortalecer las instituciones.