En una cama del Hospital General de Zona No. 29 del IMSS en la Ciudad de México, un paciente con enfermedad renal crónica en estadio 5 libraba una batalla contra su salud y la burocracia. Su historia, que pudo haber quedado en el olvido, hoy resuena en los tribunales y evidencia la calidad de la atención médica en el Instituto.
Diagnosticado también con diabetes mellitus tipo II e hipertensión arterial, enfrentó la realidad de un sistema colapsado desde hace varias administraciones: falta de insumos, demoras en la atención y la omisión de ser incluido en un protocolo de trasplante renal. Su recurso: el juicio de amparo. Su victoria: una sentencia que marca un precedente en el derecho a la salud en México.
El Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis aislada 2029886 (7 de febrero 2025, Semanario Judicial de la Federación), determinó que el IMSS tiene la carga de la prueba para demostrar que agotó todos sus recursos disponibles para garantizar la atención médica del asegurado. Ya no basta con argumentar falta de presupuesto o problemas administrativos; ahora el IMSS debe acreditar con pruebas fehacientes que hizo todo lo posible para garantizar el derecho a la salud del paciente.
Un fallo que reconfigura el derecho a la salud
La resolución se basa en lo establecido en el Artículo 4° de la Constitución, que consagra el derecho a la salud como una garantía fundamental, y en la Ley del Seguro Social, en sus artículos 31, 89 y 91, que obligan al IMSS a brindar atención médica sin discriminación, con continuidad y con acceso a tratamientos para enfermedades crónicas. La sentencia no deja lugar a dudas: el Estado, a través del IMSS, debe demostrar que ha hecho el máximo esfuerzo para garantizar este derecho.
Este criterio legal tiene un alcance profundo en la gestión del sistema de salud. Ya no es el paciente quien debe demostrar que el IMSS le falló, sino la institución la que debe probar que hizo todo lo posible por cumplir con su obligación. El desabasto de medicamentos, las listas de espera interminables y la negativa de procedimientos ahora deberán ser sustentados con pruebas, no con justificaciones vacías.
El IMSS y la necesidad de mejorar
La sentencia coloca al IMSS en una situación compleja, pero también en una posición de oportunidad para mejorar. Hasta ahora, podía escudarse en argumentos administrativos para evadir su responsabilidad. Este fallo deja claro que la falta de recursos no es excusa suficiente para incumplir con el derecho a la salud.
En este contexto, el IMSS debe adoptar estrategias para mejorar la calidad de la atención, tales como: un trato empático con los pacientes, digitalización de expedientes, cumplimiento de la NOM-004-SSA3-2012 sobre expediente clínico, capacitación en derechos humanos y gestión directiva de sus funcionarios y, mejorar la coordinación con el sector para optimizar el abastecimiento de medicamentos y equipos médicos.
El IMSS y la elección de los jueces de la SCJN
Para la administración actual, que impulsa la reforma para elegir jueces y magistrados mediante voto popular, esta resolución podría usarse como un argumento a favor o en contra.
Por un lado, refuerza la autonomía del Poder Judicial como contrapeso del Estado; por otro, el gobierno podría señalar que el Poder Judicial impone criterios que afectan la gestión pública de la salud. En ambos casos, lo importante es garantizar que los próximos juzgadores no olviden velar por la protección del derecho humano a la salud
¿Qué sigue para el IMSS y los pacientes?
El IMSS podría intentar minimizar el impacto del fallo, pero el precedente fortalece la posición de los pacientes y lo obliga a mejorar la atención médica.
Los directivos del IMSS tienen ante sí el reto de traducir este fallo en una oportunidad de mejora. Más que verlo como una presión judicial, deben interpretarlo como un llamado a la eficiencia administrativa y a un mejor uso de los recursos.
La administración de la Dra. Claudia Sheinbaum ha señalado la consolidación del Segundo Piso de la Transformación como prioridad. Este fallo puede convertirse en un catalizador para que el IMSS implemente políticas de transparencia y gestión eficiente, asegurando que las promesas de mejora en el sector salud se materialicen en beneficios para los pacientes.
Para el paciente que originó este caso, la sentencia significó justicia. Para miles de asegurados, puede representar esperanza en un sistema de salud más eficiente y transparente. En un país donde el acceso a la salud sigue siendo una deuda pendiente, esta resolución recuerda que el derecho a la salud no es un privilegio, sino una obligación del Estado.
Esta historia es más que un caso judicial, es símbolo de resistencia ante un sistema que, por años, ha colocado a los ciudadanos en segundo plano. Hoy, con este fallo, la balanza comienza a inclinarse a favor de quienes más lo necesitan, y también abre una oportunidad para que los servidores públicos demuestren que la transformación del sistema de salud es posible.