El gobierno anunció la eliminación de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (COMIPEMS), que desde hace tres décadas permitía asignar a los estudiantes que solicitaban un lugar en el bachillerato público del Valle de México. Con esta decisión se desecha una valiosa herramienta y, a cambio, se inventa un procedimiento que afectará a instituciones educativas, pero, sobre todo, a los jóvenes estudiantes y a sus derechos. Veamos.
Empecemos por ver cómo funcionaba la COMIPEMS, para qué servía, qué problemas resolvía.
Uno: facilidad y claridad para los aspirantes. La Comisión Metropolitana permitía que toda la oferta de las diversas instituciones de educación media superior de la Ciudad de México y 22 municipios conurbados del Estado de México lanzara una misma convocatoria. Así, los chicos que terminaban la secundaria ya no tenían que ir a tocar distintas puertas y estar atentos a diferentes convocatorias (de la UNAM, del Politécnico, del Colegio de Bachilleres, del CONALEP, de la Universidad Autónoma del Estado de México, etcétera), para asegurarse un lugar en el bachillerato. Una única convocatoria y un solo examen.
Dos: nadie quedaba fuera del bachillerato público. Contra los mitos y la falsa narrativa del gobierno, lo cierto es que desde hace décadas el examen de la COMIPEMS no era de admisión, porque no rechazaba a un solo joven, sino de colocación. Tan solo en 2024, un cuarto de millón de jóvenes, 250 mil alumnos, fueron asignados por este método a una institución educativa y cursan sus estudios. El examen único permitía que la oferta y demanda educativa se encontraran y, de hecho, ya hay más oferta (278 mil lugares) que demanda (250 mil solicitudes). El dato duro es que no había rechazados.
Tres: trato igual para los aspirantes. El examen metropolitano era un instrumento parejo, igualitario, de asignación de lugares en función de una sola variable: el mérito de cada alumna y alumno aspirante. No se discriminaba por escuela de procedencia, por la colonia o barrio de residencia, no había recomendados: solo contaba el desempeño en la prueba.
Cuatro: era un instrumento útil para la política educativa. Al evaluar egresados de las secundarias públicas (94 por ciento de los aspirantes proviene de ellas), se puede conocer qué tan bien forman a sus estudiantes y eso permite, de haber disposición gubernamental, intervenir en aquellos planteles que menores herramientas brindan a sus egresados.
Cinco: no igualaba la preferencia de los estudiantes por distintas opciones. En el Valle de México hay 487 planteles de bachillerato público, que ofrecen más de 730 opciones educativas. Pero de los 250 mil aspirantes, 170 mil quisieron entrar a las preparatorias o CCH’s de la UNAM, 32 mil a las vocacionales del Politécnico y 28 mil a preparatorias del Edomex. En cambio, otras opciones son menos demandadas sistemáticamente.
¿Qué esperar tras la desaparición del examen?
Primero. La UNAM y el Politécnico van a seguir realizando una prueba de ingreso. Es falso que vaya a desaparecer el examen: 200 mil alumnos prefieren esas instituciones y van a presentar el examen.
Segundo. Habrá rechazados. Por primera vez en décadas, habrá estudiantes que tras el examen no encuentren un lugar: si la oferta que han logrado ampliar la UNAM y el Politécnico es de más de 60 mil lugares, se tendrá a cerca de 140 mil jóvenes que se dirán rechazados. Un problema político sembrado por el gobierno.
Tercero. Más trámites para los aspirantes. Además de ir a hacer el examen UNAM-IPN, para asegurar un lugar, los egresados de secundaria tendrán que inscribirse al sorteo que anunció el gobierno.
Cuarto. Las opciones educativas menos demandadas lo seguirán siendo hasta que no se refuerce su infraestructura, mejoren sus materiales educativos, se fortalezca su planta docente, se actualicen sus contenidos. Es una tarea de largo plazo que solo se pospone.
Quinto. El futuro de la mayoría de los jóvenes queda al azar. Con el nuevo mecanismo anunciado por el gobierno, los lugares se definirán por un sorteo en función del domicilio. Eso afecta a los jóvenes de las zonas menos favorecidas. Ya no importará el mérito ni el desempeño académico de los aspirantes: su derecho se juega en una tómbola.
La cancelación del examen único al bachillerato metropolitano es decisión de este gobierno, no una herencia. Se fundó en prejuicios y desconocimiento. Una pésima noticia, otra más, para la educación pública.