El jueves pasado, el gobierno de Claudia Sheinbaum hizo algo que hace apenas algunas semanas hubiera sido impensable. Entregó a Washington, en fast track, a 29 líderes criminales, incluyendo sujetos de la más alta alcurnia del narco, como el célebre Rafael Caro Quintero. El gabinete de seguridad actuó saltándose las trancas de lo que había sido un entendimiento con las organizaciones criminales: que antes de mandarlos a Estados Unidos se seguiría un proceso de extradición. Hasta El Chapo Guzmán, tras humillar al gobierno de Peña Nieto con su vergonzosa fuga de Almoloya y ser recapturado, pudo ampararse contra la solicitud de extradición y postergar por varios meses su traslado a Estados Unidos.
Es comprensible la preocupación por los inéditos traslados o expulsiones o lo que hayan sido. Se fundaron en una interpretación bastante imaginativa, por decir lo menos, de la Ley de Seguridad Nacional. Parece que el gobierno ya no tendrá mayores reservas para estirar y torcer la ley cuando lo considere necesario. Con la reforma judicial, calculan, ya no hay mayor riesgo de que los abusos de autoridad se sancionen, incluso cuando estos puedan implicar una violación grave a los derechos humanos.
Dicho lo anterior, me parece que, desde otra óptica, el traslado de los 29 también fue una decisión valiente. No creo que los traslados vayan a desatar un conflicto como el que ha tenido lugar en Culiacán a raíz de la captura de El Mayo Zambada. Sin embargo, no me extrañaría que los familiares y socios de algunos de los afectados busquen una venganza personal. No se quedarán de brazos cruzados ante lo que obviamente van a percibir como una afrenta. Tal vez por eso el secretario García Harfuch hizo el curioso señalamiento de que la Presidenta no tuvo ‘nada que ver’ con las expulsiones y que éstas fueron una decisión del gabinete de seguridad (algo que resulta poco creíble y que en todo caso no la exime de responsabilidad, pues ella no deja de ser la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, además de la jefa directa de todos en el gabinete).
El caso es que el jueves pasado la Presidenta hizo una apuesta a lo grande. Los traslados bien podrían definir nuestra relación con Estados Unidos en los años por venir. No sólo eso, también el destino de las principales organizaciones criminales que actualmente operan en nuestro país. Los 29 son solo el principio. A varios de los detenidos se les podría aplicar la pena capital. Van a hablar, y lo que cuenten le dará al Departamento de Justicia más material para seguir con su objetivo de aniquilar a las organizaciones ‘terroristas’. Seguirán otros capos. También funcionarios y políticos.
Así que, a pesar de los malos modos de Trump, Sheinbaum le apostó a buscar una colaboración más estrecha con nuestros vecinos. Esta decisión ofende a muchos mexicanos. Ciertamente la hizo bajo chantaje y ciertamente las implicaciones en términos de garantías individuales asustan. Sin embargo, me parece que, en el difícil contexto en el que estamos, el traslado de los 29 no deja de ser un acto de madurez y de responsabilidad política.
Las amenazas de Trump generan incertidumbre. Son caprichosas e intempestivas, y pueden orillar al gobierno mexicano a cometer errores trágicos. Pero la disrupción también entraña una oportunidad: sin mucha alternativa, la Presidenta no tendrá más remedio que tomar otras decisiones difíciles, pero necesarias, que por años se han postergado. Los aranceles y la amenaza de acciones militares unilaterales de Estados Unidos en suelo mexicano equivalen a ‘quemar las naves’ en la guerra contra los cárteles.
Si el gobierno juega bien sus cartas, el trabajo conjunto con el Tío Sam podría ser decisivo para avanzar hacia la pacificación del país; el gran pendiente en el que AMLO y los presidentes antes de él fracasaron de forma estrepitosa. Jugar bien las cartas implica negociar que la inteligencia de las agencias de seguridad de Estados Unidos no solo se destine a detenciones de capos famosos, decomisos de droga y otros golpes mediáticos, sino que también se aproveche, por ejemplo, para desarmar a los comandos criminales que operan impunemente en buena parte del territorio nacional.
Por supuesto, antes falta ver la respuesta de Washington. Esa la tendremos a más tardar mañana, 4 de marzo. La ofrenda de los 29 capos debería bastar para comprar varios meses sin amenaza de aranceles, pero con Trump nunca se sabe. La madurez y la responsabilidad no son su fuerte.