La iniciativa de reforma constitucional presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum para suprimir la reelección y atemperar los efectos de una grotesca modalidad de nepotismo practicada por la clase política mexicana evidencia el talante ético en el que se mueven algunos personajes de la 4T que hoy tienen la posibilidad de incidir en decisiones cruciales para la democracia mexicana. Coincido con el propósito de la reforma que busca eliminar la posibilidad de que personajes con parentesco directo puedan suceder de manera inmediata a familiares en la ocupación de cargos públicos, como ha ocurrido en los tiempos del PRI, del PAN y ahora de Morena.
Si bien la reforma se aprobó en el Senado, la entrada en vigor propuesta para el 2027 fue modificada para iniciar hasta el 2030 sin importar los argumentos ni la intencionalidad de la presidenta, cuya primera iniciativa de reforma constitucional en materia política recibió un tremendo revés que entraña mensajes suficientemente claros. Los argumentos esgrimidos por los líderes camerales, por ejemplo, de Gerardo Fernández Noroña indican que la viabilidad de la coalición electoral y legislativa del oficialismo estaba en peligro, dado que el Partido Verde presentó objeciones de fondo por la próxima renovación de la gubernatura en San Luis Potosí, como también ocurrió con algunos personajes de Morena, como los Monreal en Zacatecas o Salgado Macedonio en Guerrero.
Las declaraciones acordadas entre los aspirantes de esas familias que se han adueñado de sus respectivas entidades federativas son tan grotescas como inverosímiles. Tanto Ruth González como Saúl Monreal y Félix Salgado Macedonio reiteraron que aspiran a la gubernatura y que se sujetarán a lo que determine el pueblo, que no hay nepotismo porque no son sus familiares directos quienes los designarían; claro, es el pueblo el que decidirá, como si no hubiera la posibilidad para que el apoyo de sus familiares gobernantes opere en su favor el resultado de las encuestas o el método de elección interna que decida su partido.
La molestia de la presidenta por la decisión de sus aliados en el Senado es palpable en sus declaraciones reiteradas en las mañaneras al afirmar que la ciudadanía no verá con buenos ojos que se postulen familiares directos, lo cual ha motivado que la lideresa del partido, Luisa María Alcalde, argumente en apoyo a Claudia Sheinbaum que Morena no los postularía, aunque la Cámara de las Diputaciones, esta semana, no corrija la fecha de entrada en vigor de la iniciativa.
Vivimos un mundo al revés, pues mientras los partidos de la oposición apoyan a la presidenta para aprobar una iniciativa que tiene amplio respaldo entre la opinión especializada y diversos sectores de la sociedad, quienes deberían ser sus principales aliados desafían los alcances de su poder y modifican impunemente la iniciativa para defender los intereses de familias enquistadas en el poder y se sienten dueños de los destinos del país y de sus entidades federativas.
La iniciativa de Sheinbaum goza de amplia aceptación porque ataca de frente la apropiación de cargos públicos en gubernaturas y ayuntamientos, donde diversas familias se turnan el poder, hacen negocios, desvían recursos públicos y controlan el poder a su antojo. La erradicación del nepotismo debe propiciarse en todos los ámbitos de la vida pública, tanto en cargos de elección popular como en los de designación directa. Este episodio del arranque de su mandato debe alertar a la presidenta sobre lo sinuoso que está el camino para consolidar su poder con presuntos aliados que la evidencian ante un público que observa su operación para controlar las tensiones internas en un entorno de mucha presión. Veremos el desenlace de un diferendo donde ella dice no y algunos de sus aliados dicen sí al nepotismo.