El texto del Programa nacional de desarrollo 2025-2030 es claro en sus objetivos de convertir a México en una potencia científica y tecnológica. Entre los rubros destacados del plan se enfatizan los esfuerzos para impulsar innovación pública para el desarrollo tecnológico del país, lo que tiene respaldo con la creación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, así como con la del Consejo consultivo del IMPI para oír voces autorizadas de todos los sectores para apoyar en estas tareas. Además, todo el discurso oficial sobre el tema se ha alineado de modo ostensible, desde la presidenta de México hasta la dirección general del instituto.
En la parte medular de este propósito, el sistema de patentes se erige como eje central para la protección jurídica de la innovación, que no solo conforma el derecho sustancial de explotación exclusiva a favor del innovador, sino como fundamento para la comercialización de derechos que, desde hace décadas, ha demostrado su eficacia como potenciador de riqueza de economía naranja en todos los países en los que planes exitosos con estos insumos han sido llevados a la práctica.
En el caso de nuestro país, no solo enfrentamos el problema de la baja producción de tecnología, sino que, cuando esta se produce, el sistema de patentes no se usa para convertir la innovación en ventaja competitiva. Nuestros números en patentamiento son tan bajos que, del total de solicitudes presentadas en nuestro propio país, corresponde a extranjeros el 94 por ciento y a mexicanos, solo el 6 por ciento. Además, como problema recurrente estamos presenciando que algunos nacionales que buscan exportar tecnología, optan por presentar solicitudes de inicio en países que, como Estados Unidos, entregan el registro con mucha mayor celeridad que el nuestro. En esa lógica, mejorar los tiempos para la obtención de una patente, sin duda, representa el mejor catalizador para que nuestros innovadores se acerquen a los beneficios que ofrece el sistema de propiedad intelectual.
Una de las alternativas que se empiezan a manejar como esenciales para mejorar el sistema, consiste en la adopción de un mecanismo provisional simplificado de protección de nueva tecnología, que permita recibir una descripción general, exenta de formalidades, que representa una primera reserva para poder presentar, en cierto plazo, una solicitud de patente basada en esa idea general planteada de inicio. Una herramienta equivalente ha sido utilizada en EU con gran éxito, y sin duda representaría una facilidad que incrementaría el número de patentes de mexicanos.
La parte del plan que no se debe olvidar, si queremos ser competitivos en la producción de tecnología jurídicamente protegida, es la generación de una infraestructura transexenal que permita apoyar proyectos de innovación que prometan impacto en las áreas en tendencia. Como se mire, existen múltiples piezas en el tablero, pero necesitamos unir rápidamente los puntos.