En la Cámara de Diputados colocaron otro ‘clavo al ataúd’ del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
La Comisión de Transparencia y Anticorrupción aprobó, con 25 votos a favor y cinco en contra, el dictamen de la minuta del Senado de la República que expide leyes sobre transparencia.
El dictamen, enviado ya a la Mesa Directiva para su discusión y votación de los 500 legisladores, propone expedir las leyes generales de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
También, propone cambios a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, y se reforma el artículo 37, fracción XV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
El presidente de la Comisión, Ricardo Mejía Berdeja, del PT, explicó que con esta minuta remitida por el Senado se aterriza en las leyes secundarias respecto a la reforma constitucional de simplificación orgánica aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 20 de diciembre de 2024.
¿En qué consisten las nuevas leyes de transparencia y datos personales?
Esa reforma constitucional señala que una vez aprobada y publicada se tendrían que hacer las adecuaciones necesarias en la materia, por lo que la minuta contiene la expedición de tres ordenamientos que regulan la transparencia y el acceso a la información pública y la protección de los datos personales.
Consideró que estas modificaciones representan una transformación profunda y positiva en la administración pública nacional, especialmente en los ámbitos de transparencia, acceso a la administración pública y datos personales.
Apuntó que este nuevo esquema define la creación de 18 autoridades especializadas según el ámbito del sujeto obligado, lo que permitirá una gestión más precisa y clara en cada solicitud ciudadana.
Para ello -indicó-, según el dictamen, “se trasladan las funciones del INAI a las autoridades especializadas de la administración pública, lo cual será más ágil a las necesidades de la población”, precisó.
Expuso que cada Poder del Estado, así como los órganos autónomos, el Instituto Nacional Electoral en el caso de los partidos políticos, el Centro Federal de Registro de Conciliación y Registro Laboral y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para los sindicatos, contarán con autoridades en transparencia potenciando así la rendición de cuentas y fomentando la cultura democrática.
Expresó que la descentralización propuesta en esta reforma, al pasar de organismos locales homogéneos a autoridades específicas por cada entidad federativa, permitirá una mayor eficiencia operativa y una atención directa y especializada a las necesidades ciudadanas.
Del INAI a Transparencia del Pueblo
Se indica en el documento que la reforma implica también cambios importantes en la administración y operación de la Plataforma Nacional de Transparencia que es parte del Estado mexicano y que pasará a ser gestionada directamente por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, medida que garantizará una administración más eficiente y facilitará la implantación de innovaciones tecnológicas que agilicen los procedimientos, mejoren la accesibilidad y garanticen la máxima publicidad, dijo.
Se crea también el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, denominado Transparencia para el Pueblo, que tendrá las mismas funciones y atribuciones que las demás autoridades y eventualmente conocerá y resolverá recursos de inconformidad que interpongan los particulares en contra de resoluciones, quedando a salvo los recursos de carácter jurisdiccional, se añade.
Las leyes se sustentan en principios constitucionales y compromisos internacionales que garantizan el pleno respeto a los derechos humanos, a la privacidad y el acceso a la información.
El diputado Mejía Berdeja informó que se recibieron dos informes, uno de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en el que se señala que estas reformas no generan impacto presupuestal para 2025 y el otro enviado por el diputado Jacobo Mendoza Ruiz, de Morena, en el que se hacen reflexiones que abonan a los considerandos y no alteran las reformas presentadas.