El futuro de la humanidad va a depender en muchos sentidos de la manera en que se garantice la producción de energía suficiente para las necesidades de los 9.7 billones de personas que seremos en 2050, de acuerdo con un estudio de la ONU.
Lo ideal es que, para entonces, las fuentes de energías renovables y no contaminantes sean las principales en uso. Entretanto, debemos cuidar que exista un equilibrio entre energías de origen fósil y las renovables.
De igual manera, la tendencia de los Estado-Nación a incurrir en déficit fiscales aconseja que no toda – quizás ni siquiera la mayoría – la producción y distribución de energía sea realizada por ellos. La iniciativa privada deberá tener un papel fundamental en las políticas del futuro.
Por muchos años nuestros gobernantes pensaron que el descubrimiento de campos petroleros nos iba a llevar a la prosperidad. Como sabemos, nada de eso se concretó. Desde antes del 2013 era claro que se necesitaba una gran reforma energética que modernizara la infraestructura existente y promoviera la participación de la iniciativa privada. La reforma acordada ese año constituyó un avance, aunque no en el nivel requerido.
Desafortunadamente, el gobierno del sexenio pasado no continuó sobre los avances logrados. En vez de ello, implementó políticas que ahuyentaban la inversión privada y promovió una visión estatista, caracterizada por la falta de controles que previnieran la ineficiencia y la corrupción. Esto fue un retroceso grave.
Hay que decir que, a pesar de no ser perfecta, la propuesta del presente gobierno contiene avances importantes en relación a lo planteado en el sexenio anterior.
En estos momentos, el país enfrenta varios desafíos que los legisladores debemos tomar en cuenta al considerar las reformas que se proponen en materia energética.
El primer desafío consiste en hacer más eficiente las operaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Un segundo desafío es eliminar los desequilibrios y riesgos en las finanzas públicas, así como el de asegurar la sostenibilidad fiscal.
Un tercer desafío tiene que ver con la necesidad de evitar que sean las ocurrencias las que dominen las decisiones sobre los caminos a seguir. Parece ya muy claro que el haber privilegiado canalizar recursos escasos a proyectos como Dos Bocas fue un error estratégico de grandes dimensiones.
Un cuarto desafío lo constituye el garantizar las condiciones para la inversión privada nacional e internacional en el sector.
Un quinto desafío tiene que ser el de eliminar las condiciones que propician opacidad y corrupción. No parece que la propuesta del gobierno en este sentido sea la correcta.
Un sexto desafío lo constituye la necesidad de avanzar en la sustentabilidad ambiental. Sólo un México en el que prevalezca un medio ambiente limpio puede realmente ser viable.
Desgraciadamente, hoy en día Pemex y CFE son empresas contaminantes, como lo evidencian los casos de Cadereyta y Cierro Prieto.
Deberemos asegurarnos de que las reformas presentadas por el gobierno y aprobadas por el Senado puedan enfrentar con el mayor éxito cada uno de estos desafíos.