Escriba la frase “campo de exterminio” en su buscador de preferencia. Hace apenas diez días, los primeros resultados habrían sido sobre los campos de exterminio nazis, con decenas de portales y documentos históricos sobre el Holocausto, donde murieron aproximadamente 6 millones de judíos y otras 11 millones de personas de diversos grupos.
Hoy, esa misma búsqueda arroja resultados relacionados con México, describiendo actividades atroces de capacitación y exterminio de jóvenes reclutados por el crimen organizado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco.
Las imágenes del Rancho Izaguirre son devastadoras: se reportan 400 pares de zapatos, mochilas, identificaciones y cientos de restos humanos calcinados. Testigos han revelado no solo asesinatos, sino actos de tortura inimaginables en contra de mujeres y menores de edad.
Además, los buscadores están reflejando información de otro “campo de exterminio” en Reynosa, Tamaulipas, donde encontraron indicios claros de restos humanos calcinados.
Dos campos de exterminio en México en una semana.
El portavoz del gobierno de Tamaulipas, visiblemente molesto, acusó al colectivo “Amor por Nuestros Desaparecidos” de sensacionalismo, sugiriendo que los hallazgos en Teuchitlán lo aprovecharon los familiares en Reynosa para “engañar a la población con información falsa y tendenciosa”, señalando falsamente que no se encontró nada ilegal en el predio. El problema es que las autoridades allanaron otro predio, no el espacio identificado por los familiares de los desaparecidos.
¿Por qué tanto cinismo por parte de las autoridades? Tamaulipas tiene una larga historia de masacres y desapariciones: La Bartolina, San Fernando… ¿Seguimos con la lista? ¿Es exagerado decir que este estado es un “campo de exterminio”? Jalisco, Estado de México, Veracruz y Nuevo León también figuran entre los estados, con aproximadamente el 50 por ciento de los desaparecidos en la última década.
Ningún gobernante quiere que su territorio sea asociado con “campos de exterminio” por las connotaciones históricas del Holocausto. Pero ¿cómo llamar a los predios, ranchos y municipios donde sistemáticamente se masacran a cientos de personas y se desaparecen los cuerpos?
La reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum ante los hallazgos en Teuchitlán fue peculiar, reflejando la postura del fiscal general Alejandro Gertz Manero, quien declaró: “No es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida por las autoridades locales”.
Aseguró que se analizaría lo sucedido, pero evitó comprometerse a que la Fiscalía General de la República atrajera la investigación. ¿Cuántas personas deben ser masacradas en un lugar para que la Fiscalía actúe? Cuando asesinan a 200 personas en un municipio, se tiene que asumir extrema negligencia criminal o cooptación de los criminales de las autoridades locales.
Cualquier gobernante de otro país hubiera exigido inmediatamente que la Fiscalía atrajera la investigación, que se perseguiría hasta las últimas instancias y que no solo se perseguiría a los asesinos, sino a las autoridades que permitieron que funcionaran estos “campos de exterminio”.
No se entiende el titubeo de la presidenta y su gabinete de seguridad.
La realidad es que el control territorial de regiones completas por parte del crimen organizado ha llevado a que las autoridades locales ignoren, participen o sean negligentes ante las masacres y desapariciones. Ante masacres de 20, 50, 100 o más personas, ¿no debería el gobierno federal asumir automáticamente la investigación?
La actitud hacia los colectivos de familiares de desaparecidos es igualmente incomprensible. Los ataques del expresidente Andrés Manuel López Obrador contra las madres buscadoras fueron crueles. La presidenta Sheinbaum, hasta ahora, también ha evitado acercarse a estos colectivos y reconocer a las víctimas de esta tragedia.
El reto para Sheinbaum y su gabinete de seguridad es inmenso. Las presiones de Estados Unidos para enfrentar a las organizaciones criminales probablemente resultarán en más violencia, más reclutamiento forzado y más desapariciones.
Con más de 54 mil desaparecidos en un sexenio, y el hecho de que las organizaciones criminales ahora son clasificados como terroristas por Estados Unidos, la ignorancia o negligencia no son defensas válidas ante la comunidad internacional, la reputación del país y el legado histórico de la Cuarta Transformación.
Más allá de debatir cifras o depurar bases de datos, ¿por qué no lanzar una estrategia para realmente reducir el número de desaparecidos en México? ¿Por qué no priorizar la persecución de estos asesinos en serie que aterrorizan al país? ¿Por qué no tratar a las familias buscadoras como lo que son: víctimas de una tragedia nacional?