A escasos 10 días del inicio de las campañas judiciales, el Instituto Nacional Electoral sufre por la falta de recursos para cumplir todas las actividades preparatorias de las elecciones y continúa evidenciando diversas problemáticas surgidas de un marco normativo incompleto y contradictorio. El episodio más reciente fue la revocación del tope único de gastos personales de campaña que, a juicio del Tribunal, debe ser diferenciado considerando las características específicas de cada elección y el número de electores de la demarcación territorial donde se desarrollará, sin importar que la ley diga que tiene que ser único, como sostuvieron la mayoría de consejerías del INE.
La discusión pública sobre el presupuesto viene desde el último trimestre de 2024 cuando el INE, con más entusiasmo que certeza, solicitó 13 mil 205 millones de pesos que nunca le autorizaron, pero que sí colocaron a la institución en el centro de las críticas oficialistas y de la base electoral de Morena, que consideraron excesivo el cálculo de la autoridad y lo descalificaron, además de exigir informes detallados para saber en qué se invertirían los recursos. Ninguna explicación fue suficiente, ni con la presidenta ni con Ricardo Monreal ni con nadie. Incluso, en las negociaciones para obtener ampliaciones presupuestales solo se lograron 800 millones adicionales, igualmente insuficientes para cubrir todos los costos de las elecciones.
Resultado final: el INE organizará unas elecciones con poco más de 7 mil millones de pesos, que solo alcanzan para la instalación de 84 mil 200 casillas, la impresión de 600 millones de boletas; y para contratar solo una parte del personal operativo que apoya la integración de las mesas directivas de casillas y otras tareas de la logística electoral. Se trata de un modelo operativo distinto que no incluye el escrutinio y cómputo de los votos por los y las ciudadanas que integrarán las casillas, sin PREP y sin conteos rápidos y con cómputos distritales que podrían durar hasta doce días.
Hay que agregar que, con razón o sin ella, el Tribunal ordenó sumar la elección local de Nayarit que estaba fuera de los plazos fijados por el INE y, para completar el cuadro, la semana pasada se sumó Yucatán, que recientemente publicó su reforma. Así, el mosaico se compone de las elecciones judiciales federales y las concurrentes en 19 entidades federativas, que en el escenario actual complejizan la parte organizativa con una evidente falta de recursos.
Muchas decisiones provienen del rigor de la coyuntura que obligó a modificar los esquemas que en los últimos 35 años han generado certeza y credibilidad en la organización y en los resultados, quizá lo más grave está en que no se tendrán por tipo de elección en las casillas y que los cómputos distritales podrían terminar hasta doce días después. Sin datos en casillas y sin PREP, la especulación y las dudas podrían crecer.
Ello podría fracturar uno de los pilares básicos de la credibilidad y autenticidad de las elecciones, aún y cuando los resultados serán procesados por los consejeros y consejeras distritales, que también son ciudadanos, pero que hasta el momento solo han recontado votos de paquetes que se ubican en ciertos supuestos legales. Siendo una parte fundamental en la cadena organizativa de los procesos electorales, las autoridades distritales han presentado los cómputos definitivos, luego de que se conocieron resultados en la casilla y en los programas de resultados preliminares. Hoy, más que nunca, el INE está obligado a procesar con absoluta transparencia los resultados de las elecciones en puerta.