La prohibición de las corridas de toros en la capital del país habla de un total autoritarismo en una ciudad que presume ser de libertades, mientras estas no afecten los intereses de la clase gobernante que se escuda en criterios ultraconservadores de una izquierda cínica y confundida en su idiosincrasia.
Adecuar la fiesta brava sin la muerte del toro representa cambiar la esencia de este espectáculo, el cual tiene un valor anual de 7 mil millones de pesos y origina 816 millones de impuestos. Al mismo tiempo que genera 500 mil empleos directos e indirectos en todo el país.
Además, genera divisas y es un atractivo que se suma a la amalgama de atracciones turísticas que tiene México. Estas son parte de sus ventajas competitivas y comparativas contra otros países de la región.
Entre los argumentos esgrimidos por el oficialismo se habla de la crueldad contra los astados y se pronuncian contra el maltrato de animales y, por ello, decidieron modificar las corridas de toros tradicionales que tienen su origen en el siglo XII.
Se debe respetar en todo caso a las minorías que gustan de la cultura de la fiesta brava y a todos los que trabajan y viven de ella; que sea la ley de la oferta y la demanda la que determine si este espectáculo debe continuar o desaparecer.
Se habla de que, en un efecto dominó, las demás plazas del país promoverán la fiesta brava sin muerte del toro, lo que representaría el fin de esta tradición centenaria.
La clase gobernante actual no tiene idea de la relevancia económica de la actividad taurina; desconoce el número de empleos directos e indirectos que esta produce; no hay que olvidar que las haciendas generan empleos en los lugares en donde se asientan, además de que los productos y materias primas para criar a los toros de lidia son alimentos especiales y por ende demasiado costosos.
La cadena de suministro y de valor que existe en torno a la fiesta brava tiene cierto impacto en el PIB nacional. Ahora que se presentan serias amenazas al crecimiento económico por la grosera injerencia de Donald Trump para fijar aranceles a los productos mexicanos, se debería fomentar el “Hecho en México” y proteger la riqueza que generan las corridas de toros.
Con esta medida ya tendrá algo de que presumir la jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, para mantener contentos y sosegados a los del Verde Ecologista y otros sectores de la población considerados como “mochos de derecha”. Brugada avaló el atropello contra las libertades de un sector de la población que mantiene viva la tradición de la fiesta taurina.
En lugar de combatir a fondo a los criminales, apoyar a las víctimas de desaparecidos y recobrar los territorios que tiene bajo su control la delincuencia, se la pasan actuando con medidas populistas que no representan ningún beneficio al grueso de la población.
El dictamen sobre las corridas de toros sin violencia se aprobó con 61 votos y 1 en contra. Esto significa que fue avalado por los legisladores de todos los partidos políticos; es decir, tanto Morena y rémoras como los partidos de oposición se unieron para terminar con la fiesta brava.
Entre los argumentos esgrimidos para justificar el atropello, mencionan que en España existen cosos taurinos en donde se realizan corridas de toros sin violencia. Esto es una mentira porque no existe ningún coso en territorio español que lleve a cabo este tipo de espectáculo.
¿Qué sigue, prohibir las peleas de gallos, la celebración de palenques y todo aquello que implique castigo a los animales como los rastros? ¿No sería mejor sumar todas las capacidades del gobierno para, por ejemplo, combatir la delincuencia y violencia, o poner fin a los campos de exterminio del crimen organizado que existen en buena parte del territorio nacional?
Es un engaño creer que la fiesta brava seguirá en esta modalidad sin violencia y que los amantes de la fiesta taurina se volcarán a las plazas para ver un espectáculo descafeinado; y pensar que puede tener cierto atractivo ver cómo los toreros “malorean” a un toro de lidia, para luego regresarlo al corral.
Las corridas de toros han terminado en la Ciudad de México y luego los congresos locales harán lo propio en otras entidades. Aunque quiero ver qué va a pasar, por ejemplo, en Aguascalientes, Querétaro, Jalisco, Tlaxcala, Puebla, Zacatecas y San Luis Potosí, en donde la fiesta brava es parte de la idiosincrasia local y productora de ingresos que tienen esos estados por el pago de derechos e impuestos.