Comienza a sonar El Del Palenque de Los Alegres Del Barranco, la banda a la que fuiste a escuchar al Auditorio Telmex de Zapopan. De pronto, empiezan a transmitir imágenes de Nemesio Oseguera, el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Comienza la ovación y tú comienzas a temblar. No tiemblas de entusiasmo, tiemblas de miedo. Necesariamente pasa por tu cabeza la idea de estar rodeado y, sin dudarlo, te sumas al alboroto de la audiencia.
No es la primera vez que sucede: El Mencho ha sido públicamente avalado por algunos poblados en México. Barrios en Michoacán y Jalisco le han agradecido públicamente por brindar alimentos y asistencia médica durante la crisis del COVID; por entregar regalos y juguetes a niños de las comunidades; por ayudar en inundaciones con cobijas y alojamientos; y, por patrocinar jaripeos y peleas de gallos en carnavales.
Este tipo de reconocimientos públicos siempre ha sido noticia. Sin embargo, el acto realizado durante el concierto del sábado pasado ha generado mayor alarma y difusión, puesto que se produjo poco después del descubrimiento del centro de reclutamiento y fosa clandestina en el rancho Izaguirre en el municipio Teuchitlán, también en Jalisco.
Debemos superar el debate sobre si estas manifestaciones están tuteladas por la libertad de expresión. Si bien la narcocultura ha surgido como manifestación social para comprender la realidad violenta de nuestro país, la glorificación de figuras vinculadas a la delincuencia es inadmisible.
Estos mensajes potencializan la criminalidad; debilitan la legalidad y la justicia; distorsionan la percepción pública sobre la delincuencia; y atraen a jóvenes en situación de vulnerabilidad hacia el crimen organizado. Además, veo casi imposible que esta especie de apoyo social o agradecimiento público a delincuentes se realice genuinamente y de manera libre en nuestro país.
La influencia y presencia de estos grupos produce una distorsión social de alto impacto. Por un lado, las organizaciones delictivas, ya sea con reclutamientos infantiles o juveniles, acciones y/o amenazas violentas o desapariciones, imponen a las comunidades un ambiente de miedo inhabilitante.
Por el otro lado, asumiendo roles que corresponden al Estado, los grupos criminales se ostentan como benefactores comunitarios y realizan obras por las que reclaman gratitud social. La utilización de fuerzas opuestas provoca que las víctimas desarrollen vínculos complejos hacia los integrantes de grupos delictivos.
Esta estrategia es una especie de necropolítica mediante la cual los victimarios utilizan una combinación de factores psicológicos, sociales y económicos que afecta y manipula de manera profunda a los poblados. Esto es, la narcocultura obliga a los integrantes de una comunidad a enviar mensajes de respaldo social para consolidar el poder indebido y para desgastar el tejido social. Así, se desincentiva la presentación de denuncias, se obstaculiza la intervención de las autoridades y se favorece la impunidad.
De esta manera, las manifestaciones públicas en favor de grupos criminales deben ser censuradas y objeto de fiscalización, no solamente porque no las protege la libertad de expresión, sino porque, al ser un puente entre el miedo y la necesidad social, afectan la seguridad nacional y el orden público.
El punto de encuentro será entender que las comunidades que avalan socialmente a los grupos delictivos están en una posición de riesgo y, en consecuencia, se encuentran obligadas y manipuladas por factores psicológicos, sociales y económicos.
Por ello, la intervención del Estado no se puede limitar a censurar la narcocultura, sino que deberá sanar integralmente al tejido social con educación, salud y empleo. Así como lo marca la estrategia nacional de seguridad: atendiendo las causas.