Es incuestionable que muchas de las instituciones y de las reglas que han estado en vigor durante las últimas décadas están siendo puestas a prueba alrededor del planeta.
No son pocas las voces que cuestionan si estamos en el ocaso de las democracias liberales concebidas, como las estudiamos en las aulas y las vivimos en épocas recientes.
Tampoco son pocos los países en los que el poder ha intentado cooptar la esencia de estructuras tradicionales de división y equilibrio de poderes, con frecuencia trastocando pilares fundamentales del Estado de derecho.
Ante esto, las sociedades se preguntan ¿y los abogados?, ¿y las barras, las asociaciones legales y la academia?, ¿por qué no se pronuncian en forma contundente?, ¿no se supone que en la vocación originaria de los abogados está precisamente luchar por la democracia y el Estado de derecho?
Cuando miramos a los países en los que los abogados se perciben a sí mismos más como técnicos del derecho, hace sentido no concebir a los abogados como parte fundamental en la resistencia ante iniciativas autoritarias.
En democracias liberales y participativas, podríamos hablar de tres grupos de abogados, a saber, aquellos que resisten iniciativas que van en contra de instituciones democráticas (frecuentemente abogados defensores de derechos humanos o activistas), abogados facilitadores de iniciativas atentatorias de instituciones democráticas (frecuentemente abogados que trabajan para o desde organismos de gobierno) y finalmente abogados que sencillamente no se involucran (frecuentemente abogados dedicados a la práctica privada del derecho, incluyendo destacadamente abogados corporativos o transaccionales).
El Centro de Estudios Legales de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard (Center on the Legal Profession, Harvard Law School), publicó recientemente una serie de artículos acerca del tema en un estudio de tipo comparado (The Practice; Lawyers Between Democracy and Authoritarianism; March-April 2025).
Robert L. Nelson y Laura B. Nielsen, profesores de Northwestern University, reflexionan acerca de la práctica a cargo de los abogados corporativos, preguntándose acerca de la manera en que los abogados se perciben a sí mismos, ya sea como meros técnicos del derecho o como asesores en un sentido más amplio. Esta diferencia identitaria afectaría la manera en la que se enseña desde las aulas a los estudiantes de derecho a reaccionar no solo ante retos y proyectos de la vida real, sino ante situaciones de mayor alcance que pudieran vulnerar a las instituciones de un país o región, el respeto de los derechos humanos y el Estado de derecho en su conjunto.
Los abogados frecuentemente se encuentran en posiciones estratégicas en la prevención de ataques a instituciones democráticas. En países con tribunales constitucionales, pueden litigar en contra de leyes excesivas o vagas y atacar su inconstitucionalidad.
David B. Wilkins (Faculty Director of the Center on the Legal Profession) y Scott L. Cummings (profesor de ética legal – UCLA School of Law), comentan acerca de la afrenta democrática que está teniendo lugar en los Estados Unidos de América.
Los procesos de autocratización durante los últimos 20 o 25 años, incluyendo a Viktor Orbán en Hungría, han descubierto la manera de concentrar el poder actuando al amparo de legalidad y legitimidad aparentes.
Existen dos maneras, en opinión de Cummings, de llegar al objetivo destructor de las democracias. Un camino más pausado pero continuado y otro en fast track.
La vía fast track frecuentemente requiere la identificación de una situación de emergencia que permita invocar facultades extraconstitucionales del poder ejecutivo y suspender el marco constitucional para permanecer en el poder.
La vía más pausada involucra cambios legales incrementales a lo largo del tiempo que terminan debilitando y erosionando instituciones democráticas que resultan clave para servir de contrapeso al poder ejecutivo.
La fortaleza de las instituciones democráticas y el Estado de derecho es algo que nos interesa a todos, con independencia de nuestra profesión u ocupación.
Más allá de considerarnos técnicos del derecho, los abogados deberíamos recordar las razones y aspiraciones que nos llevaron en su momento a las aulas de derecho, contribuyendo con nuestro ejercicio profesional, de manera más decisiva, a la generación de conciencia y la protección de nuestras instituciones.