Freud diría que tras los actos fallidos se esconde la verdad. Frente a lo que vivimos el viernes pasado, el dicho freudiano se confirma. La presidenta de la República envió al Congreso de la Unión, vía la Cámara de Senadores, una iniciativa para reformar la Ley de Telecomunicaciones. Pocas horas después, la Comisión correspondiente la aprueba por mayoría, como se ha vuelto costumbre, y anuncia que la someterá al pleno para su consideración la semana que inicia.
Doscientos ochenta y seis artículos son “leídos, considerados y calificados” en unas cuantas horas para atender la solicitud del Ejecutivo federal. Esto no llama la atención; ha sido la práctica recurrente desde que la mayoría del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio por buena, siendo inconstitucional, la sobrerrepresentación que la alianza de Morena no obtuvo en las urnas.
El Congreso de la Unión se ha vuelto oficialía de partes; el conjunto de reformas constitucionales y legales aprobadas en los dos últimos periodos de sesiones así lo constata, una tras otra; la veintena de iniciativas fueron aprobadas sin más consideración, cuando éstas afectan a la República toda en los más diversos ámbitos. La técnica legislativa es ahora el fast track, como ya la denominan, adoptando el anglicismo, hasta los más nacionalistas.
¡Oh, sorpresa! En esta ocasión, la presidenta enmienda la plana y considera que es momento de escuchar diversas opiniones sobre la iniciativa que ella misma, horas antes, había enviado. Mucho se puede especular al respecto, si las presiones fueron muchas, si los redactores de la ley excedieron las instrucciones que se les habían dado, si se trataba de plantar cara a los promocionales pagados por el gobierno de los EU para ser transmitidos en televisión abierta, y así se podría seguir especulando.
El hecho es que se abrió la puerta para revisar la iniciativa y que ésta seguramente se irá a un periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión. La ley en la materia tiene que reformarse, ya que la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) obliga a ello, pero eso no imponía una reforma de la envergadura como la que se puso sobre la mesa.
Al parecer, el meollo del asunto está en lo referente a que se le dan facultades a la nueva “Agencia de Transformación Digital” para intervenir, censurar, a los más diversos medios (tradicionales y digitales) y comunicadores cuando considere que transgreden alguna norma o disposición oficial.
La “Agencia”, que viene a sustituir al IFT, podría “apagar” plataformas de comunicación si lo que éstas transmitían era considerado atentatorio a las reglas del Estado vigente; incluso podría considerar el retirar concesiones. La justificación, el pretexto, ante el público fue la transmisión en televisión abierta, en horarios prime, de anuncios del gobierno norteamericano para descalificar e inhibir la migración mexicana hacia Estados Unidos.
Digo y subrayo pretexto porque los mencionados promocionales fueron transmitidos el sábado 19 de abril y cinco días después se presentó la iniciativa. Una iniciativa de tal complejidad no pudo haberse elaborado en ese escaso periodo de tiempo, seguramente, y esto no es una especulación; fue preparada meses antes y no dudaría que desde el sexenio anterior, cuando las redes sociales dejaron de ser “benditas”.
Craso error sería quedarnos satisfechos si la iniciativa se vuelve a presentar solamente eliminando aquello que hace referencia a la facultad de “apagar” plataformas digitales y de radiodifusión (art. 109 de la Ley de Telecomunicaciones propuesta).
Hay que analizar en su conjunto la reforma y sus implicaciones. Se trata de la intentona del control estatal de los medios de comunicación públicos, privados, tradicionales y digitales. Verlo de otra manera sería una ingenuidad o una condescendencia.
No me gusta decirlo, suena a ser profeta del pasado, pero se los dijimos. Hace por lo menos dos años, por lo que a mí respecta, la persistencia que condujo a la desaparición y disminución de facultades de instituciones autónomas, la cooptación ilegal del Congreso y ahora la sumisión del Poder Judicial enmascarada en una elección disfrazada de democrática, tendría que llevar a la concentración del poder del Estado en el Ejecutivo federal, de manera tal que permitiera abusos de autoridad como la iniciativa que hemos comentado. Nadie exagera si afirma que derechos y libertades están en riesgo.
¡Sí!, la intención es lo que cuenta.
POSDATA: Como en la entrega anterior, insisto, y más ante la evidencia de la pretensión de censura de los canales de comunicación y a los comunicadores, que no dejemos de ver el atentado que podría venir a la autonomía de las universidades y las consecuencias que la llamada escuela humanista mexicana tendrá para el futuro cercano.