Las cifras presentadas durante la mañanera del pueblo el martes pasado por el secretario de Seguridad Ciudadana resultan tanto alentadoras como preocupantes. En el primer sentido, muestran la eficiencia de la estrategia de seguridad de la nueva administración. En el segundo, sugieren la magnitud del fenómeno criminal en México que, a pesar de los datos presentados, de acuerdo con la experiencia reciente, parece no hacerle mella.
Asesinatos, desapariciones, enfrentamientos armados, ataques a las fuerzas de seguridad, bloqueos carreteros y otros actos violentos en diversas partes del territorio que se reproducen cotidianamente dan cuenta de las capacidades de fuego, organización, operación y control territorial que mantienen las bandas delictivas, a pesar de los evidentes e innegables esfuerzos del Estado para su combate.
El informe del secretario de Seguridad ofrece vistosos resultados durante los primeros seis meses del actual gobierno, cuya estrategia, diametralmente opuesta a la de la administración anterior, da cuenta de casi 19 mil detenciones, aseguramiento de cientos de toneladas de drogas, sustancias químicas y casi diez mil armas de alto poder, así como el desmantelamiento de cientos de laboratorios clandestinos cuya existencia fue sistemáticamente negada en el sexenio anterior.
Cotidianamente, a través de mensajes breves en medios de difusión, el Gabinete de Seguridad informa los resultados parciales de las acciones realizadas por las fuerzas armadas y policiales en el combate a la criminalidad y la estimación de las afectaciones económicas producidas a los delincuentes, como una manera de comunicar la actividad constante y permanente del Estado, pero, en contraste, de manera recurrente, se suceden hechos violentos en los que la actuación de las fuerzas del orden ha tenido un carácter eminentemente reactivo.
Las cifras expuestas pueden ser percibidas, en efecto, como logros de las fuerzas de seguridad y muestra de la determinación gubernamental para el combate a la delincuencia, pero evidencian, también, el robustecimiento y la evolución ascendente, en términos estructurales, de la delincuencia organizada que no hubiera sido posible sin la contribución, consciente o inconsciente, de quienes, en su momento, tuvieron la responsabilidad de frenarla.
Por otra parte, las cifras, que muestran la decisión del actual gobierno de hacer frente al fenómeno delictivo que vive el país, paradójicamente, alimentan la percepción extranjera sobre la crisis de seguridad en que estamos inmersos y la influencia determinante que poseen los cárteles, hoy clasificados como organizaciones terroristas, en la convivencia social en vastas zonas de la geografía nacional, lo que da pie a la continuación de las presiones y amenazas desde el exterior, exigiendo mayores resultados.
Y cuando despertemos, el dinosaurio, seguramente, aún estará ahí.