Toda la actuación formalista del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, en el rancho Izaguirre, donde la FGR descartó ayer que se cremaron restos humanos, remite a un libro de 1991 que deploraba la injusticia en México.
“Casi no hay mexicano que confíe cabalmente en su sistema jurídico o en sus instituciones de seguridad pública” se lee en el texto titulado México: Perfil de un Rostro Oculto (Lasser Press Mexicana). Se agrega que el aparato judicial “brinda por lo general una impartición de justicia lenta, mercenaria e incapaz”.
El autor del libro es Alejandro Gertz Manero. Y en el capítulo IV, denominado Justicia y Seguridad, expone que “todo mundo sabe que es prácticamente inútil someterse a las vejaciones y desatenciones de los funcionarios del Ministerio Público al formular denuncias correspondientes, no sólo por la sospecha de que casi nada se hará para investigar los delitos, sino porque existe la convicción generalizada de que esta infinita cadena de crímenes está organizada, solapada y auspiciada por las propias jerarquías policiacas, siendo sus ejecutores los mismos agentes de dichas corporaciones y sus protegidos”.
A principios de marzo, el grupo Guerreros Buscadores ingresó al rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, donde en septiembre la Guardia Nacional detuvo a diez personas, en una operación en que liberó a dos secuestrados y halló un muerto.
La incursión de los Guerreros Buscadores sacudió a la opinión pública por la publicación de fotografías de zapatos, ropa y objetos personales que se presumían de gente desaparecida o muerta ahí. Familiares de desaparecidos en efecto reconocieron algunas prendas.
El tema estalló al punto de que se temió que eso fuera un campo de exterminio, cosa que motivó a la presidenta Sheinbaum a pedir a Gertz Manero involucrarse en las pesquisas. Éste deslizó responsabilidad en la fiscalía jalisciense, que terminó por ceder la investigación a la FGR.
En un hecho que hizo crecer el dolor de víctimas de desaparición, el fiscal general Gertz Manero decidió que el 20 de marzo la prensa acudiera al predio. Todo un show mediático.
Ayer, Gertz Manero dio un reporte de lo que ha podido establecer una vez que tiene control absoluto del predio y de la investigación. Y se la pasó en medio de formalismos, medias respuestas y promesas que poco o nada aportan para saber qué pasaba en el rancho Izaguirre.
En pocas palabras, el fiscal general, que dijo que desde al menos 2021 hay recomendaciones de derechos humanos a las autoridades de Teuchitlán por lo que se presumen eran campos de reclutamiento forzado, se escudó en tecnicismos para no responder por qué su dependencia no se involucró desde hace cuatro años ni tampoco desde septiembre, cuando la Guardia Nacional reventó el rancho.
Sin denuncia no tenemos capacidad de pesquisa, repetía el fiscal.
Tampoco aportó datos de los detenidos (ni si eran victimarios que a su vez fueron enrolados a la fuerza), ni sobre la identidad de la persona muerta encontrada, ni sobre prácticamente nada. Al punto de que negó su responsabilidad en la inopinada visita al rancho.
Incluso se puede decir que contra lo que dijo en una conferencia previa, Gertz reconoció que la fiscalía de Jalisco sí tiene algunas pesquisas, y prometió que la FGR hará con las familias de las víctimas un reconocimiento de ropa hallada en el rancho.
Veremos qué avances presenta en alguna fecha próxima el fiscal. Por lo pronto, vale la pena volverse a preguntar cuán diferente es la justicia hoy de la de 1991, ésa que el propio Gertz Manero, en el libro citado, así retrataba:
“Los habitantes de este país no gozan de los mínimos de seguridad que son necesarios para su desarrollo armónico, realidad que incide en forma directa en el retraso y en el arcaísmo de nuestro sistema de vida, que así opera, mientras los principales funcionarios del sector correspondiente, que cuentan con la protección de innumerables y prepotentes guardaespaldas, reciben en sus oficinas miles de quejas de víctimas que les suplican su intervención, para detener a esos verdugos implacables de la ciudadanía, sin que la mayor parte de estas peticiones obtengan la respuesta adecuada, pues la inmoralidad policiaca y la protección del delito son negocios de tan inmensa cuantía y que dejan dividendos tan suculentos, que los decididos esfuerzos de algunos funcionarios que excepcionalmente actúan con honradez y buena fe, chocan constantemente contra un muro impenetrable que les fragmenta y disuelve la mayor parte de sus intenciones moralizadoras”.