El verdadero riesgo ambiental es destruir la confianza en la industria
Nos comparten que, en Nuevo León, más de 700 mil empleos dependen directamente de la industria. Son trabajos formales, bien remunerados y generados por empresas, en diversos sectores desde manufactura hasta construcción, que invierten, innovan y cumplen con estándares ambientales cada vez más exigentes.
Sin embargo, el Gobierno del Estado parece decidido a poner en jaque este modelo de desarrollo económico para la entidad que ha funcionado pro décadas, y es que todo parece indicar la nueva iniciativa presentada por Glen Villarreal, director de Parques y Vida Silvestre y el diputado Miguel Ángel Sánchez —bajo el argumento de mejorar el medio ambiente— no es un llamado a la sostenibilidad, sino una estrategia política para controlar, sancionar, recaudar y perseguir, y lo que debería ser una agenda de colaboración ya se ha convertido en un instrumento de hostigamiento.
Esta propuesta no establece incentivos ni criterios técnicos claros. Sino que más bien abre la puerta a suspensiones arbitrarias, clausuras sin sustento y una mayor discrecionalidad para condicionar la operación de empresas que cumplen con la ley federal. ¿El resultado? Inseguridad jurídica, pérdida de confianza y un mensaje devastador para muchos empresarios quienes quieren invertir en el estado.
Y aquí surge preguntas: ¿Quién apostaría por un lugar donde las reglas cambian según la narrativa del día? ¿Qué proyectos de futuro se sostienen si el presente se basa en amenazas?
La industria no puede ser tratada como enemiga de la sociedad y la comunidad. Si se continúa por este camino, el verdadero daño no será al aire, sino al futuro económico de Nuevo León.
¿Y los cleintes del huachicol?
Digno reconocimiento y bien por las recientes acciones de las autoridades federales mexicanas para decomisar buques cargados de combustible de contrabando, decenas de pipas también inmovilizadas y hasta la intervención del FBI para empezar a dar con la mafia del huachicol que opera en su propio territorio.
Las grandes interrogantes ahora son: ¿quiénes son las empresas transportistas en México que compraron estos cargamentos de millones de litros de diésel? ¿quiénes son los usuarios finales de estos combustibles de contrabando?
El huachicoleo, o robo de combustible, es un problema en Nuevo León, especialmente en municipios como Escobedo, Juárez y Cadereyta. Autoridades han detenido a personas por este delito y asegurado combustible ilegal. El estado ha experimentado un aumento en la cantidad de tomas clandestinas.
Recordemos que comprar hidrocarburos es un tema muy delicado ya que se si al proveedor lo publican en la lista del articulo 69-B le pueden ocasionar muchos problemas para el usuario final.
Y es que el Artículo 69-B señala claramente que cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes.
“Para aquellos que emiten este tipo de facturas o para quienes adquieren estos documentos ilegales pueden enfrentar multas, pérdida de la deducibilidad de gastos, no acreditamiento del IVA, e incluso la cancelación de sellos digitales”, se establece en la Ley.
Para expertos, la peor de las consecuencias es ir a prisión, con penas que van desde los 3 a los 8 años.
Por su parte, el Artículo 111 Bis establece que se impondrá sanción de 3 a 8 años de prisión a quien haya dado cualquier efecto fiscal a los comprobantes fiscales expedidos por un contribuyente incluido en el listado a que se refiere el artículo 69-B, cuarto párrafo de este Código, que amparen la adquisición de cualquier tipo de hidrocarburo o petrolífero, sin que haya demostrado la materialización de dichas operaciones o corregido su situación fiscal dentro del plazo legal establecido en el octavo párrafo del citado artículo.
Así o más claro. Urge se den a conocer los transportistas compradores de estos combustibles ilícitos, de otra manera el combate a este delito será parcial.
AHORA INFORMA TERNIUM
Nos informan que, la reacción inmediata de Ternium, con el despliegue alrededor de 200 brigadistas, y trabajo ininterrumpido desde el 18 de abril permitió que el derrame en el arroyo de la Talaverna no represente ningún riesgo para la salud de la población.
Entre las acciones que ha realizado la empresa se encuentran: alrededor de 200 brigadistas han trabajado continuamente, entre personal de limpieza y técnicos especializados; la aplicación de material neutralizante (cal en solución, hidróxido de sodio y bicarbonato de grado alimenticio), labores de limpieza intensiva en 10 puntos y 8 diques que favorecieron llevar la calidad del agua a niveles normales y alrededor de 1,000 análisis de laboratorio que se han realizado en distintos puntos del arroyo que presentan resultados óptimos (muestreos diarios desde el 18 de abril a la fecha).
La empresa informó que también se retiró del concreto la coloración rojiza ocasionada por el óxido ferroso, que no representó un riesgo para el ambiente ni la salud de los vecinos.
Desde el 21 de abril, el cauce del arroyo La Talaverana ya está́ normalizado, con el pH en niveles óptimos, derivado de los trabajos de remediación y neutralización realizados por sus brigadistas.
Contacto: monterrey@elfinanciero.com-mx