La transparencia en México ha sufrido una fractura grave con la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y sus organismos garantes estatales. Como si se tratara de un cristal roto, el acceso a la información ha quedado fragmentado, afectando áreas clave como la educación, donde la rendición de cuentas es fundamental para la toma de decisiones informadas y la construcción de políticas públicas eficaces.
El Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 2023, elaborado por el INEGI, demostró que el acceso a la información era una herramienta crucial para evaluar y fiscalizar los recursos destinados a la educación. Entre octubre de 2023 y septiembre de 2024, se presentaron más de un millón de solicitudes de información en los ámbitos federal y estatal. Muchas de estas estuvieron relacionadas con infraestructura escolar, distribución de becas y programas educativos. Sin embargo, con la desaparición del INAI, este flujo de información enfrenta incertidumbre.
Uno de los casos más relevantes ha sido el Fondo para la Educación Básica (FEEB). A través de solicitudes de acceso a la información, se lograron detectar desvíos de recursos y falta de ejecución en proyectos clave para la mejora de las escuelas. Sin un organismo autónomo que garantice la transparencia, el riesgo de que estos fondos sean mal utilizados aumenta, debilitando la confianza en la gestión educativa.
La ausencia de un árbitro independiente que vigile el acceso a la información también pone en riesgo la calidad de la educación en el país. Sin datos accesibles y verificables, se dificulta la identificación de necesidades urgentes en escuelas, la evaluación de políticas educativas y la asignación justa de recursos. La falta de transparencia puede traducirse en un retroceso para la educación pública, afectando directamente a estudiantes y docentes que dependen de programas gubernamentales para mejorar su entorno de aprendizaje.
La transparencia en la educación no es solo una cuestión de cifras, sino de derechos. Los estudiantes, docentes y familias necesitan saber cómo se asignan los recursos, qué programas están funcionando y cuáles no. En un contexto donde el acceso a la información se vuelve incierto, la sociedad civil debe asumir un papel más activo para evitar que los vidrios rotos de la transparencia se conviertan en una barrera infranqueable.
Aún es posible reparar el daño. Esto requiere una exigencia constante de mecanismos alternativos de acceso a la información, el fortalecimiento de iniciativas ciudadanas y el impulso de regulaciones que garanticen la rendición de cuentas en el sector educativo. La transparencia es un pilar de la democracia y su deterioro no puede ser aceptado como un daño colateral más. Si queremos una educación sólida, debemos reconstruir los canales de información que la sostienen.