Como no había ocurrido en Palacio Nacional en años, la presidenta Claudia Sheinbaum nombró ayer la agenda más dolorosa de México, y con ello, exigió a su gobierno resultados contundentes para las víctimas de desapariciones.
Las acciones presentadas este lunes son, además de una buena noticia, una corrección oportuna. La administración Sheinbaum rompe una inercia que prefiguraba que en la desaparición forzada sólo habría continuidad sin cambio.
Sheinbaum ha presentado un catálogo de medidas que habrán de convertirse en normas y leyes a fin de iniciar la búsqueda de verdad y justicia para decenas de miles de mexicanas y mexicanos sepultados por criminales poderosos y gobernantes negligentes.
El capital político a emplear por la presidenta es monumental. Lo de este lunes en Palacio no puede ser un curita mediático para un cáncer que lacera a comunidades a lo largo y ancho del país, que se reactivó con el hallazgo del rancho de exterminio de Teuchitlán, Jalisco.
Porque no será sencillo, ni exento de tragos amargos para el gobierno, el esperanzador anuncio de la presidenta tiene que ser secundado a la brevedad por acciones que borren el enorme agravio de la desidia del sexenio anterior, y que demuestren que no habrá simulación.
La señal más importante al respecto será sin lugar a dudas que, en un formato que salvaguarde el objetivo prioritario –el diálogo –, se diseñe un modelo de reuniones entre la presidenta y los colectivos de madres buscadoras. No puede ser ni una sola, ni esporádicas.
En el pasado, la presidenta ha señalado que ni ella ni su gobierno se van a “confrontar” con las buscadoras. Se entiende que es una fórmula retórica con la que ella manda una señal de respeto a la tragedia de esas personas. Pero también ha servido para una indebida distancia.
Las medidas anunciadas ayer son buenas y apuntan en el sentido correcto. Desde luego, varias sólo suponen reanudar un camino que se prometió hace un sexenio para terminar en frustración porque AMLO no honró su palabra.
En seguridad, Claudia tiene en la coordinación interinstitucional y con varios niveles de gobierno una piedra angular. Algo parecido se puede decir de lo que presentó ayer: es antes que nada un reto de coordinación en la República.
El compromiso asumido este lunes por Sheinbaum en Palacio Nacional descansa en la titánica labor de mover fiscalías y policías locales, en arrear gobernadores omisos y en vencer la añeja resistencia de un sistema hecho para la impunidad, no para la justicia.
Y precisamente un mecanismo de comunicación con las buscadoras, que canalice su información y administre la participación de éstas en las investigaciones, sería provechosa para que las resistencias de autoridades locales no terminen por imponerse.
Dado que llegamos todas, podrá reiterarles la presidenta a esas madres, hermanas e hijas, entre todas revertiremos lustros de inacción e injusticia. Sheinbaum tiene, quién lo duda, la capacidad para crear ese mecanismo de coadyuvancia.
El sexenio anterior impulsó primero y desmanteló después algunos mecanismos indispensables para hacer justicia a las víctimas. Ahí está el caso emblemático del centro nacional de identificación, que iba a estar en Morelos y terminó en fiasco.
Eso no se puede repetir. Porque en esta agenda a México le va el saldar no sólo una deuda con las familias de los desaparecidos, que ya es mucho decir. Le va una cosa igualmente crucial: mandar la señal a los cárteles de que no sólo por Trump su hora final ha llegado.
Confrontar tiene también el significado de carearse. Si la presidenta da la cara a las buscadoras, seguro podrá también confortarlas al comprometerse a un cambio real en esa política institucional que hasta hoy también desde el gobierno desaparece a los desaparecidos.