Nunca, de la historia de la relación bilateral, ha tenido Estados Unidos tanto conocimiento sobre los grupos del crimen organizado mexicano. Gracias a los procesos penales en contra de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Genaro García Luna, Emma Coronel (esposa del Chapo) y la presencia en los Estados Unidos de Ovidio y Joaquín Guzmán López (hijos del Chapo); en la última década, las agencias estadounidenses fueron acumulando inteligencia e información detallada de cómo trafican, asesinan, extorsionan estas organizaciones criminales, y su vínculo con la clase política y empresarial.
Con toda la información que ya está disponible va a ser relativamente fácil para el Departamento del Tesoro, el Departamento de Justicia, y las diferentes agencias de inteligencia, además del Departamento de Estado, establecer relativamente pronto cuáles individuos formarán parte de la “Lista Negra de Organizaciones Terroristas”. También, gracias a la información abierta y las redes sociales hay que reconocer que es extraordinaria la información que ahora tienen los estadounidenses sobre los vínculos de estos “terroristas” con la sociedad. Quién hubiera pensado que los videos, las fotografías de las bodas, piñatas, quinceañeras y otras celebraciones que se subieron a Facebook o Instagram, además de las fotografías publicadas en los medios locales, podrían convertirse en pruebas de vínculos que tienen familias, políticos y empresarios con organizaciones que Estados Unidos considera como terroristas. Y esta información será la que facilite la otra parte más importante de la lista que tiene que ver con las personas y organizaciones que apoyan a los “terroristas” mexicanos.
Esto es probablemente el aspecto que más impacto tendrá en las empresas, partidos y familias mexicanas. Porque a diferencia del actual esquema, donde las organizaciones criminales forman parte de la lista de “kingpins”, donde adicionalmente incluyen personas que son partes de la organización o lavan dinero y activos para el Cártel de Sinaloa o el Cártel Jalisco Nueva Generación, es mucho más fácil aparecer en la lista de personas y organizaciones que “apoyan” o colaboran con organizaciones criminales.
Con demostrar que un funcionario, un político, o un empresario simpatiza o públicamente apoya con recursos o recibe recursos de individuos que se consideran “terroristas”, puede ser suficiente para caer en la lista negra. Las sanciones incluyen congelar activos y cuentas de banco en Estados Unidos, la imposibilidad de viajar a ese país, la prohibición de que empresas estadounidenses tengan alguna relación comercial, o un juicio penal en Estados Unidos. Ni hablar del costo reputacional.
El ejemplo del juicio en contra la empresa “Chiquita Brands Internacional” por pagar casi dos millones de dólares (entre 1997 a 2004) a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo paramilitar colombiano clasificado como terrorista en el 2001. Además de considerables multas, el impacto reputacional fue catastrófico.
Y seguramente las empresas y bancos en México tendrán que implementar estrictas medidas para que no sean vinculados conscientemente o por error, a individuos que apoyan a estos cárteles.
La presidenta Claudia Sheinbaum y otros analistas han señalado que el denominar a los líderes y las organizaciones criminales en México como terroristas no resuelve la prioridad que tiene el presidente Donald Trump de detener el tráfico de fentanilo y migrantes a Estados Unidos. Podría hasta entorpecer la detención y extradición de los capos por las diferencias que hay en la legislación penal estadounidense y la mexicana. Pero enfocarse solamente en este aspecto de la legislación estadounidense es un error, ya que estas medidas tienen una connotación política que será imposible para la presidenta de México controlar.
En los últimos años se ha documentado cómo las organizaciones criminales han incrementado su control territorial, en parte, por su capacidad bélica, pero sobre todo por sus vínculos y amenazas con la clase política. Datos del último sexenio señalan claramente la violencia que han ejercido estas organizaciones mediante asesinatos, desapariciones y cobro de piso. También está documentado cómo estos financiaron candidaturas y a los partidos que los apoyaron. En los últimos dos años, abiertamente presidentes municipales, síndicos y otras autoridades locales han demostrado sus simpatías y agradecimientos a los líderes de las organizaciones, agradeciendo las fiestas, regalos, música y tragos para la población.
El problema para la presidenta Claudia Sheinbaum no es la denominación de los capos como terroristas, sino la extensa lista de funcionarios, legisladores estatales y federales que podrían aparecer en la lista como simpatizantes, facilitadores o encubridores de los cárteles mexicanos. Y a pesar del impacto político y hasta de gobernabilidad para la presidenta, la lista no se negocia.
Lo poco que puede hacer la dra. Sheinbaum es anticipar qué posición tomará ante la realidad de que aliados políticos, funcionarios y hasta el partido oficial aparezca en la lista negra de simpatizantes o colaboradores de los terroristas mexicanos ¿Rechazar, cuestionar, negociar, colaborar o ignorar? Tendrá ella que decidir quiénes son los terroristas mexicanos.