La atención a niñas, niños y adolescentes (NNA), en México, se encuentra en un punto crítico. En los últimos años, se ha registrado un aumento de violencia incluso en los métodos de crianza, cuando este tipo de procesos debiera ser lo más cuidadoso y cariñoso posible.
Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) de 2023, organizada por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), en México, 52% de NNA de 1 a 14 años fue sometido a algún tipo de disciplina violenta como castigos físicos o agresión psicológica. Esta situación comienza en la primera infancia (46.1%) y aumenta en la adolescencia (54.2%). De este alto porcentaje, 4.7% recibe castigos físicos severos, que incluyen golpes en la cara y cabeza o palizas. Este porcentaje equivale a 1,492,498 niñas, niños y adolescentes.
Con estos datos surge la necesidad por implementar estrategias que promuevan prácticas de crianza libres de violencia, que garanticen un desarrollo adecuado en los primeros años de vida y promuevan tratos más afectivos.
Hay que decir que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ya reconoce el derecho de la niñez y adolescencia a vivir libres de toda forma de violencia y a que se proteja su integridad personal. Incluso en 2024 se definió la crianza positiva como un conjunto de prácticas de cuidado, protección, formación y guía que promueven el desarrollo, bienestar y crecimiento saludable de NNA, sin recurrir a castigos corporales ni tratos humillantes. Pero las acciones no han sido suficientes.
Por esta razón, recientemente la senadora Anahí González, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una propuesta legislativa, desarrollada por Early Institute y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), para fortalecer el marco normativo para la prevención y atención del castigo corporal y humillante en NNA.
La iniciativa incluye: a) reformar artículos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para establecer como obligación de quienes ejercen la patria potestad abstenerse de cualquier atentado contra la integridad física y psicológica de los menores; b) incluir en esa ley como forma de violencia el descuido, la negligencia y el abandono de NNA y así prohibir estas prácticas; c) modificar la Ley General de Educación para señalar como obligación y derecho de quienes ejercen la patria potestad o la tutela que el proceso educativo se realice sin castigos corporales ni humillaciones; y d) modificar la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil para establecer como obligación de las autoridades a que la prestación de los servicios dirigidos a la población infantil se oriente a lograr un entorno seguro y protegido contra el castigo corporal o humillante, descuido, negligencia y abandono.
En este sentido, desde Early Institute instamos a los legisladores a garantizar el derecho de NNA a vivir en entornos afectivos, libres de violencia y positivos, y hacemos un llamado a la colaboración y corresponsabilidad entre las familias, la sociedad y las autoridades para prevenir, identificar y atender a niñas, niños y adolescentes expuestos a cualquier tipo de violencia física y psicológica. Nuestra participación es fundamental y la respuesta a esta problemática ya no puede esperar.