La inminente extinción de los organismos de transparencia en México traerá consigo implicaciones más allá de la garantía del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales. Uno de los efectos menos discutidos es la superación formal del modelo de gobierno abierto basado en la conformación de alianzas tripartitas para el gobierno abierto.
Desde hace más de una década, el gobierno abierto en México se ha promovido bajo un esquema de colaboración tripartita entre sociedad civil, gobierno y organismos garantes de la transparencia. Estos últimos han jugado un papel fundamental en la articulación de esfuerzos, la generación de compromisos y el seguimiento de planes de acción de gobierno abierto. Durante su existencia, este modelo dio resultados positivos, permitiendo la creación de iniciativas innovadoras, el fortalecimiento de la transparencia y la inclusión de la sociedad en la toma de decisiones públicas. Sin embargo, con la desaparición de una de las tres partes, se hace inviable continuar esta estrategia como la conocemos.
La aplicación de este modelo ya mostraba signos de desgaste. En los últimos años, por ejemplo, la conformación de alianzas y la consecuente elaboración de planes de acción se redujeron significativamente. La Alianza para el Gobierno Abierto en México a nivel nacional, que en su momento fue un referente en la materia, ciertamente lleva varios años sin operar.
No obstante, resulta alentador que el concepto de gobierno abierto no esté ausente en el nuevo diseño institucional y legal de la transparencia que se encuentra en construcción. Coincide que, en tal contexto, y frente a la reconfiguración de esta agenda, el INAI ha trabajado, de manera colaborativa con la sociedad, en el diseño de un nuevo modelo –y política pública– de apertura institucional cuya propuesta radica en fomentar acciones concretas de transparencia proactiva y participación efectiva por parte de las instituciones del Estado mexicano, bajo el entendido de que esos dos elementos son la base de la apertura a la sociedad.
La transparencia proactiva implica que las instituciones no sólo cumplan sus obligaciones legales de transparencia y acceso a la información, sino que también publiquen de manera anticipada y accesible información de interés público sin que la ciudadanía tenga que requerirla. Esto significa mejorar la calidad y utilidad de la información gubernamental, asegurando que sea clara, oportuna y relevante para la toma de decisiones ciudadanas y el control social. Por su parte, la participación efectiva busca garantizar que la ciudadanía se involucre en la formulación, implementación o evaluación de las políticas públicas de su interés. Para ello, se requiere el establecimiento de mecanismos institucionales que faciliten la interacción gobierno-sociedad, asegurando que las opiniones y necesidades de la población sean tomadas en cuenta de manera observable en la gestión pública.
El objetivo de este nuevo modelo es fortalecer la apertura de las instituciones públicas en lo particular, para que en su conjunto se logre la consolidación de un verdadero Estado abierto. Esto implica que no sólo el Poder Ejecutivo, sino también los poderes Legislativo y Judicial, así como los gobiernos estatales y municipales, adopten mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que permitan una relación más cercana y confiable con la ciudadanía.
En resumen, la desaparición de los organismos garantes de transparencia pone fin a un modelo de gobierno abierto, pero también abre la oportunidad de construir una nueva estrategia que responda a los desafíos actuales y nos permita plantear objetivos ambiciosos. Es fundamental que el país adopte un enfoque renovado que garantice la apertura del Estado de manera efectiva y sostenible, en beneficio de una democracia más robusta y participativa.