En los últimos días, el rancho Izaguirre se ha convertido en un campo minado de la narrativa pública. En su momento, ninguna autoridad se hizo responsable de la investigación. Ahora, todas buscan deslindarse de los horrores que diariamente salen a la luz. El abandono del predio, los vehículos sin procesar, el desconocimiento sobre quién es el dueño del rancho, y otras omisiones que el fiscal Gertz Manero señaló el miércoles pasado son en verdad imperdonables. Pero no son tan sorprendentes. Por una mezcla de miedo, corrupción, incompetencia y falta de recursos, las fiscalías estatales son, con honrosas excepciones, un desastre para realizar investigaciones sobre cualquier hecho que involucre al crimen organizado. Más importante, hay que tomar en cuenta que investigar en serio lo que pasó en Teuchitlán es transitar en la boca del lobo, pues implica dirigirse al corazón de las operaciones del CJNG.
Los campos de entrenamiento, como el que operó en el rancho Izaguirre de Teuchitlán, tienen una enorme importancia para las organizaciones de corte paramilitar. Por un lado, estos campos son la fábrica de esos comandos armados de sicarios, en apariencia inagotables, que cimentan el poder de los criminales.
Por otro lado, el ‘entrenamiento’ en estos campos va aparejado a la tortura y al exterminio. Es una fórmula que no es novedosa. Las historias de horror que se han dado a conocer en torno al rancho Izaguirre recuerdan en mucho a otros ranchos en lugares como San Fernando, Tamaulipas, o Piedras Negras, Coahuila. Los Zetas nunca hubieran sido Los Zetas sin una estructura para el reclutamiento y adiestramiento masivo de sicarios. Lo mismo el CJNG; simplemente no podría existir sin campos como el que operaba en Teuchitlán, y como los que se dice que operan en municipios vecinos.
La semana pasada, la presidenta tuvo un gesto importante. Manifestó que su gobierno nunca fabricará ‘verdades históricas’ y asumió seis compromisos, orientados a fortalecer la capacidad del Estado en materia de búsqueda e identificación de desaparecidos. Hace bien y ojalá que ahora sí haya recursos y voluntad política para que las comisiones de búsqueda puedan desempeñar su labor, y las madres y padres buscadores tengan el mínimo consuelo de conocer el paradero de sus hijos. La justicia, la verdad y la memoria son elementos indispensables si deseamos avanzar hacia una auténtica construcción de paz (y no a un mero régimen de represión y orden, como el que ilustran las mega cárceles de Bukele, tan en boga estos días).
Sin embargo, con los anuncios de la semana pasada, la presidenta se quedó corta. Las acciones propuestas no serán suficientes para frenar el horror. Hacen falta también −con igual urgencia− estrategias de prevención del reclutamiento. Y no, no me refiero a políticas sociales universales, o las dirigidas a ‘los jóvenes’. Esas que el gobierno tiene en mente cuando machaca una y otra vez que ya se atienden las causas. Me refiero a acciones focalizadas geográficamente, y diseñadas para alcanzar a aquellos perfiles o grupos ocupacionales donde el narco recluta de forma habitual.
Al respecto, tenemos algunas nociones sobre quiénes están en mayor riesgo de terminar en un campo de entrenamiento/exterminio como el rancho Izaguirre. Sabemos que el CJNG ha recurrido a empresas de seguridad privada como fachada para el reclutamiento de sicarios.
Héctor de Mauleón describía hace algunos días un esquema, que al parecer estuvo vinculado al rancho Izaguirre, para enganchar jornaleros agrícolas en distintos municipios de Guerrero, con el posible contubernio de autoridades locales y con la promesa de llevarlos a trabajar a Florida. Sabemos que los policías y expolicías, por obvias razones, son un grupo vulnerable. Sabemos también que en las Fuerzas Armadas, año con año, se reportan varios miles de bajas y deserciones.
Sin embargo, es necesario pasar de esas meras nociones e indicios a un análisis pormenorizado. Hasta ahora nadie se ha dado a la tarea de investigar, de forma sistemática, cómo operan las redes de engaño y desaparición que alimentan las filas de las milicias criminales. Cuando sepamos con mayor precisión dónde y cómo reclutan los criminales, entonces sí se podrán plantear políticas concretas que contribuyan a evitar nuevos episodios de horror. Las evidencias que había en el rancho Izaguirre, y que tal vez ya se extraviaron de forma irremediable, pudieron haber arrojado información importante al respecto.