Con la excepción de la gobernadora de Baja California y su esposo, el retiro de visas para viajar a los Estados Unidos a gobernantes y funcionarios de alto nivel son especulaciones y rumores.
Pero, que el crimen organizado ha infiltrado la clase política mexicana hasta los niveles más altos es una realidad que le quita el sueño a funcionarios de todos los niveles.
¿Cuántos funcionarios, legisladores y gobernantes temen ser los siguientes “desvisados”?
Y ahí no terminan las nuevas amenazas a la clase política mexicana: además de perder la visa para viajar, el gobierno estadounidense podría congelar cuentas y bienes en ese país, sancionar a bancos o empresas que tengan negocios o hagan transacciones electrónicas con personas que tengan vínculos con las “organizaciones terroristas mexicanas”.
Y aunque en el pasado el gobierno estadounidense quitaba visas y perseguía a las organizaciones del narcotráfico en México bajo la estrategia del Kingpin Act, era más difícil caer en la lista de sanciones. Ahora, con la declaratoria, por parte de Donald Trump, de que las organizaciones criminales más importantes del país son FTO (Foreign Terrorist Organizations), ahora tienen más herramientas legales y operacionales para perseguir y desmantelar a las organizaciones y la clase política-empresarial que los apoyaba en los últimos 20 años porque también hay una gran diferencia de la estrategia actual de “desvisados” de Donald Trump. A diferencia de anteriores gobiernos estadounidenses, que tenían una aversión de quitar visas y sancionar públicamente a gobernantes en funciones. La lógica de entonces era apostar a la colaboración y cooperación, y evitar el enfrentamiento y conflictos políticos que surgen al perseguir gobernantes en turno.
La detención en Estados Unidos del exsecretario de Defensa, General Salvador Cienfuegos, es un botón de ejemplo del impacto que puede tener en la relación bilateral el perseguir exfuncionarios de alto nivel que no están en funciones.
¿Pueden imaginarse lo que sucederá si Estados Unidos hiciera público los “desvisados” en funciones, además de la lista con nombres de personajes claves para la vida política que enfrentan sanciones y posibles investigaciones penales en Estados Unidos por apoyar, beneficiarse, simpatizar, o permitir que los líderes de los “grupos terroristas” controlen gran parte del territorio mexicano?
Además, la nueva estrategia incluye la militarización de la frontera, y exigir más cooperación y operativos con México. Y las recientes declaraciones de CBP, del Comando Norte y la Embajada de Estados Unidos en México también señalan que no hay claridad de quién dirige la estrategia y hay confusión de cuál debe de ser la estrategia de comunicación relacionada con los operativos que se llevan a cabo en México. La presidenta señaló que estas organizaciones están enviando mensajes políticos a los estadounidenses. Pero las demandas del presidente Donald Trump, y los comentarios de otros funcionarios sobre la posibilidad de operativos militares incrementarán la presión política para la presidenta Claudia Sheinbaum y su gabinete de seguridad.
Los trascendidos y la rumorología alrededor de la “lista Marcos” (haciendo referencia a una posible lista de funcionarios mexicanos personajes de la clase política que perderán su visa) puede que sea parte de un operativo para intimidar al actual gobierno de México.
Pero también no ha habido en la historia de la relación bilateral tanta información disponible para el gobierno estadounidense sobre el funcionamiento y vínculos de las organizaciones criminales en México. Hay que considerar especialmente las últimas extradiciones, entregas y negociaciones con capos del narcotráfico que está haciendo públicamente el Departamento de Justicia. También es cierto que, por la estrategia de “Abrazos y No Balazos” de Andrés Manuel López Obrador, incrementó dramáticamente el control territorial por parte de los criminales y su participación con recursos en las recientes elecciones nacionales.
Entonces, no es de sorprenderse que funcionarios y la clase política mexicana, en general, tengan insomnio ante la agresividad y las amenazas del gobierno de los Estados Unidos. Y Donald Trump le está exigiendo resultados a su equipo de seguridad, y quitarle las visas y sancionar a algunos funcionarios mexicanos no será suficiente en términos políticos y ante las elecciones intermedias del año entrante.
Y aquí viene el dilema existencial de la presidenta Claudia Sheinbaum: ¿Hasta qué punto estará dispuesta a proteger gobernantes, funcionarios, empresarios, y miembros de su partido ante las investigaciones y sanciones provenientes de Estados Unidos, y que seguramente tendrán eco por parte de Canadá y la Unión Europea?
La ruta para salvar su presidencia y blindar su gabinete será “sacrificar” a los “desvisados” y aquella parte de la Cuarta Transformación y de Morena que es indefendible.