Entre los países que han realizado una gran reforma gubernamental hacia la digitalización se encuentran Estonia, Dinamarca o Singapur. El primero se conoce como el caso más adelantado en esta materia y ha incluido aspectos de inteligencia artificial y de cadenas de bloques a la modernización digital de su gobierno.
Quizás la modernidad quiera decir que la sociedad no existe para complacer a los gobiernos sino los gobiernos para complacer a la sociedad. En su mejor encarnación las burocracias deberían operar bajo esta premisa. Pero, como famosamente lo concluyó el pensador político Max Weber, las burocracias terminan por convertirse en fines en sí mismos.
En los hechos esto ha significado que los ciudadanos tengan que perder mucho de su valioso tiempo en realizar trámites engorrosos, fastidiosos e inútiles en ventanillas que se caracterizan por su grisura.
Si este fuera el único problema nos habría salido barato si a cambio de eso tuviéramos gobiernos eficientes, profesionales y de gran pulcritud ética. Lamentablemente en México no estamos en ese caso, a pesar de que hay muchas personas valiosas trabajando en los gobiernos en todos sus niveles. El nuestro es menos un problema de recursos humanos que de adaptación de la gestión gubernamental a las tecnologías disruptivas que están aplicándose en países como Estonia.
Por eso no fue mala idea que el pasado 14 de noviembre se anunciara que se crearía una nueva Agencia de Transformación Digital para simplificar trámites y evitar corrupción.
Este propósito se ha afianzado con la iniciativa presidencial – aprobada primero por el Senado y recién por la Cámara de Diputados – de reformar el párrafo décimo del artículo 25 y la fracción XXIX-Y del artículo 73 de la Constitución, con el fin de implementar políticas públicas que promuevan la simplificación y digitalización de trámites y servicios, así como la puesta en marcha de buenas prácticas regulatorias y la adopción de nuevas capacidades tecnológicas.
Estos cambios constitucionales facultarán al Congreso a expedir una ley para la simplificación administrativa, la digitalización de trámites y servicios, las buenas prácticas regulatorias y el uso de tecnologías de punta.
Todo esto suena bien, pero debemos asegurarnos de que los órganos que vayan a implementar estas medidas tengan los recursos suficientes para ello y no se vayan a someter a austeridades que han probado ser contraproducentes. Es necesario también que la ley que se apruebe fortalezca el pacto federal y no promueva la centralización y concentración de las decisiones. Finalmente, es de esperar que en su implementación no se arribe a la paradoja de ser obstaculizada por la burocracia.
Ya va siendo hora de colocar a los gobiernos mexicanos en la senda correcta a través de la utilización de tecnologías modernas al servicio del ciudadano.