A finales de febrero de 2025, México vivió un acontecimiento sin precedentes en su lucha contra la delincuencia organizada: el traslado de veintinueve destacados miembros mexicanos de cárteles de la droga a Estados Unidos. Aunque no muy legal, sí fue muy necesario. Entre ellos, el nombre que más resuena es el de Rafael Caro Quintero, figura de renombre del narcotráfico en nuestro país.
Esta decisión del gobierno federal mexicano ha sido interpretada por muchos como una respuesta a las presiones ejercidas por el presidente estadounidense, Donald J. Trump, quien había amenazado con imponer aranceles del 25 por ciento a las importaciones de mercancías mexicanas. Sin embargo, más allá de las circunstancias que rodearon esta acción, es fundamental reconocer el valor y la determinación mostrados por nuestras autoridades en la búsqueda de la seguridad nacional.
El traslado de estos veintinueve miembros de la delincuencia organizada representa un golpe significativo al crimen organizado y envía un mensaje claro: México no será rehén de la delincuencia. Es cierto que nuestras instituciones de procuración de justicia han sido objeto de justificadas críticas en el pasado, pero en esta ocasión, es justo destacar la labor realizada por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Desde su nombramiento en octubre de 2024, García Harfuch ha demostrado un compromiso en la lucha contra el narcotráfico y el contrabando de mercancías ilícitas, incluso pisando callos del sexenio pasado.
No podemos ignorar que la presión ejercida por Donald Trump ha sido un factor en la toma de decisiones recientes. Sus amenazas de imponer aranceles han puesto en jaque a nuestra economía y han generado tensiones diplomáticas. Sin embargo, es importante destacar que, a pesar de estas circunstancias, el gobierno mexicano ha actuado con firmeza y ha tomado decisiones que benefician la seguridad del país, es decir, ha cumplido con su deber.
La presidenta Claudia Sheinbaum se ha mostrado nerviosa en este contexto. Sus esfuerzos por mantener un diálogo abierto y mantener su compromiso con el presidente de Estados Unidos han sido fundamentales para evitar la imposición de aranceles y fortalecer la relación bilateral. La reciente prórroga en la aplicación de estos aranceles es un reflejo del desistimiento del bullying de Donald Trump.
Sin embargo, es crucial reconocer que la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado no es responsabilidad exclusiva de un solo país. La colaboración internacional es esencial para enfrentar estos desafíos de manera efectiva.
El traslado de estos veintinueve miembros de la delincuencia organizada es un ejemplo de cómo, con presiones o sin ellas, la cooperación entre naciones puede debilitar a las organizaciones criminales y promover la seguridad nacional. Circunstancia que se ha producido necesariamente gracias al actuar de la Secretaría de Seguridad en México, que entendió que con voluntad política se combate la criminalidad y la delincuencia organizada.
Sin embargo, la lucha está lejos de concluir. El narcotráfico es un problema complejo que requiere estrategias integrales, incluyendo la prevención, la educación y el fortalecimiento del Estado de derecho.
Es imperativo que las autoridades continúen trabajando con determinación y que la sociedad civil se sume a estos esfuerzos para construir un México más seguro.
En conclusión, la entrega de Rafael Caro Quintero y otros veintiocho miembros de la delincuencia organizada a Estados Unidos es una muestra del compromiso del gobierno mexicano en la lucha contra el crimen organizado. A pesar de las presiones externas, nuestras autoridades han actuado con valentía y han demostrado que, con colaboración y firmeza, es posible enfrentar los desafíos que amenazan la seguridad y la soberanía de nuestro país.