Si tuviera un dólar por cada vez que he escuchado a alguien en México usar la frase “inclusión financiera” en los últimos días, mi billetera digital colapsaría.
El país está despertando tardíamente a la urgente necesidad de contar con un sistema bancario más profundo y amplio, y todos, desde las fintechs que compiten por ganar la carrera para brindar servicios financieros hasta el gobierno, que busca impulsar los ingresos fiscales, quieren sacar partido de los llamados no bancarizados. La idea de la inclusión financiera parecía ser el único tema que los funcionarios y financieros querían discutir en la convención bancaria anual del país, celebrada la semana pasada cerca de Puerto Vallarta, un paso positivo dada la evidente deficiencia de México en esta área del sector bancario. Más de 85 por ciento de las compras por debajo de 500 pesos se realizan en efectivo y solo 3.4 por ciento de la población tiene una cuenta de ahorros con opciones de inversión.
Sin duda, solo es cuestión de educar a los mexicanos sobre la superioridad de las transacciones digitales y la comodidad de utilizar los bancos para facilitar su vida financiera, ¿cierto? Pues no es así.
Esta perspectiva subestima lo arraigado que está el uso del efectivo en un país donde más de la mitad de la población activa sigue formando parte de la economía informal y muchas empresas y hogares operan en la sombra para eludir impuestos o regulaciones. La triste realidad es que convertir a México en una economía financieramente inclusiva a la par de vecinos como Chile y Brasil puede llevar décadas. Para acelerar el proceso, el Gobierno, que hasta ahora ha delegado en el sector privado para liderar los esfuerzos de digitalización, debería dar prioridad a la expansión de los servicios bancarios como forma de lograr un entorno empresarial más dinámico. Esto implica adoptar ideas audaces, como otorgar una billetera digital para cada mexicano, restringir el uso de efectivo en las transacciones y ofrecer incentivos fiscales a cambio del uso de pagos electrónicos.
México es uno de los centros manufactureros más grandes del mundo, capaz de fabricar piezas de aviones y vehículos de última generación. Es el principal socio comercial de Estados Unidos. Para seguir desarrollándose, es fundamental que México modernice su sistema bancario para competir mejor en la economía global.
Atraídos por las previsiones de crecimiento exponencial, la oferta de productos financieros ha experimentado un auge en los últimos años. Según algunas estimaciones, más de mil 100 empresas de tecnología financiera nacionales e internacionales operan en México, compitiendo con bancos establecidos y minoristas no bancarios como Walmart y Femsa en la prestación de servicios digitales de pago, préstamos y remesas. Algunas incluso se centran en otorgar crédito a pequeñas empresas.
Sin embargo, en su mayoría, estos operadores se centran más en ganar cuota de mercado a sus rivales que en convertir a los mexicanos que nunca habían considerado la posibilidad de utilizar un monedero electrónico. No ha sido fácil. A pesar de las amplias campañas de marketing, el porcentaje de la población que utiliza con frecuencia dinero en efectivo se redujo en solo cinco puntos porcentuales entre 2021 y 2024. En comparación, en Brasil, el porcentaje de personas que afirmaban que el efectivo era su opción más utilizada se redujo del 60 a 22 por ciento entre 2018 y el año pasado, tras la irrupción de la plataforma de pagos instantáneos conocida como Pix.
Otro problema es que las empresas fintech se ven afectadas por índices relativamente altos de morosidad debido a sus agresivas estrategias, lo que hace inevitable la consolidación entre los numerosos actores de un sector muy concurrido. El sector ya ha sufrido bastantes fracasos. Recientemente, el Grupo Financiero Banorte reformó su banco digital Bineo tras perder más de 50 millones de dólares en poco más de un año de actividad. Sin duda, habrá más. “Va a haber una consolidación del sistema financiero porque la tecnología termina igualando y en algún momento vamos a tener todo digital”, me dijo Andrés Rodríguez Ledermann, director general en México de la fintech latinoamericana Ualá. “El proceso de digitalización es capital intensivo porque expandir el crédito aumenta la mora”.
A pesar de las dificultades iniciales, las autoridades mexicanas, incluido el Banxico, deben encontrar formas de incorporar a las personas no bancarizadas al sistema financiero. Tener el mayor número posible de hogares operando dentro de un sistema financiero formal tiene un valor social y económico que debería prevalecer sobre cualquier consideración fiscal. Por muy loable que sea el objetivo de aumentar el cumplimiento tributario, el Gobierno no convencerá a muchos mexicanos de pasarse a la economía formal si eso significa pagar más impuestos. Una vez más, Brasil sirve de ejemplo: En cuanto el gobierno sugirió una supervisión más estrecha de Pix a principios de este año, los brasileños entraron en pánico.
El problema no es solo —como sugirió la semana pasada la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez— la percepción de que los servicios digitales son caros o que no satisfacen las necesidades de los usuarios. En gran medida, la cuestión es que los incentivos para utilizar el efectivo y permanecer fuera de la red financiera siguen siendo muy poderosos para un número significativo de mexicanos. Y eso se suma a los problemas de conectividad y logística en las zonas más remotas del país.
Las autoridades aún pueden hacer mucho para reducir la dependencia del efectivo, empezando por utilizar el Banco de Bienestar —la entidad estatal que distribuye miles de millones de dólares en asistencia social— para promover planes de ahorro e inversión digitales en colaboración con otros bancos. Otras medidas que se pueden adoptar fácilmente son la obligatoriedad de las transferencias electrónicas para más transacciones, la promoción de la interconectividad entre plataformas y la reducción del uso de billetes de alta denominación, junto con otras medidas que ya se están debatiendo.
Al mismo tiempo, el establecimiento de tribunales judiciales fiables será la mejor herramienta para promover la expansión del crédito, reduciendo la incertidumbre jurídica que se cierne sobre las actividades bancarias. Obligar a las instituciones a bajar las tasas de interés no se traducirá automáticamente en más créditos a las pequeñas empresas, algunas de las cuales no quieren endeudarse de todos modos.
El expresidente Andrés Manuel López Obrador se jactaba de no haber usado nunca una tarjeta de crédito. Al igual que millones de mexicanos, solo manejaba efectivo. Por lo tanto, no es de extrañar que su Gobierno hiciera poco por formalizar la economía. Su sucesora, Claudia Sheinbaum, parece tener ideas diferentes, entre las que se incluyen un mejor diálogo con las empresas y planes para reducir drásticamente la burocracia para las empresas. Ahora es el momento de impulsar estas medidas.