El Poder Legislativo en México ha venido a destruir el derecho. Se supone que el Congreso de la Unión, como poder reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y creador de las leyes de nuestro país, debería ser impecable en su técnica jurídica. Sin embargo, la realidad es otra, pues los legisladores han demostrado, en múltiples ocasiones, que desconocen enteramente el derecho y que no prevén, en absoluto, los resultados o posibles consecuencias de aquello que permiten sea publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Veamos, por ejemplo, el famoso nuevo Sistema de Justicia Penal Oral y Acusatorio derivado de la reforma constitucional en materia penal de 2008. Solo con esa reforma nos hemos encontrado ante un sinfín de deficiencias, imprecisiones y lagunas legislativas. Después de todo, supuestamente, el propósito de aquella reforma era el de modernizar el Sistema de Justicia Penal, garantizando los derechos humanos y principios del derecho más fundamentales en materia penal; se buscaba proteger de injusticias y arbitrariedades a los indiciados y a las víctimas del delito. Sin embargo, los propios legisladores fueron los primeros en lastimar aquel propósito, dejando una serie de disposiciones que, después de unos cuantos años, no han hecho más que generar confusión, inseguridad jurídica y, peor aún, graves injusticias.
Observemos ciertos ejemplos específicos: primero, la negligencia del legislador de otorgar al imputado la facultad y derecho de impugnar las omisiones por parte del ministerio público. El artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que únicamente la víctima u ofendido puede acudir ante un juez de control para atacar las negligencias del ministerio público. ¿Dónde quedó el imputado? ¿Qué el imputado no tiene derecho a hacer valer las omisiones por parte del ministerio público que han transgredido sus derechos humanos?
Segundo ejemplo específico: la nueva aberración jurídica causada con motivo de la nueva reforma al artículo 19 constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa. Con esta nueva reforma, el legislador pretendió imponer una figura jurídica, notoriamente vulneradora de derechos humanos, literal y rígida, ignorando por completo las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los criterios de los distintos órganos judiciales de nuestro país.
En fin, como es costumbre, una cada vez más constante, es el Poder Judicial quien se configura como protector de los derechos humanos de los mexicanos, corrigiendo el flagrante actuar omisivo, negligente, arbitrario y sin sentido del Poder Legislativo. Son interminables los criterios judiciales, tesis aisladas y jurisprudencias, que han venido a subsanar las lagunas e imprecisiones en nuestras leyes.
Independientemente de esta realidad fáctica, el Poder Legislativo se desbordó en su irregular actuar, pues en el último ejemplo, es decir, en lo relativo a la reforma al 19 constitucional, incluso pretendió destruir por completo lo establecido por nuestros más altos órganos judiciales y por autoridades internacionales.
Este no es un problema nuevo. Desde el surgimiento de nuestra primera Constitución Federal, el Poder Legislativo ha fallado en permitir la evolución del derecho mexicano. Se supone que las constituciones deben reflejar el espíritu del Estado, de una nación, estableciendo principios jurídicos sólidos y reglas claras en apego a las circunstancias pasadas, presentes y futuras de su sociedad. Contrario a ello, nuestra Constitución está plagada de inconsistencias, producto de legisladores improvisados que priorizan intereses sobre la certeza y seguridad jurídica.
Yo me pregunto: ¿cómo es posible que otras naciones cuenten con constituciones más concisas y mejor estructuradas, mientras que en México, con un texto constitucional de 136 largos artículos, no logra subsanar las deficiencias del sistema de justicia? Basta observar el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en el que hubo una cantidad desmedida de reformas a nuestra Carta Magna y, aun así, continúan existiendo imperfecciones.
Se han modificado las normas constitucionales a conveniencia del Ejecutivo, utilizando al Poder Legislativo como una herramienta de coacción y manipulación política. El Poder Legislativo se ha convertido en un brazo más del Ejecutivo, funcionando no como un órgano independiente, sino como una maquinaria que aprueba sin cuestionar.
En este contexto, ha sido el Poder Judicial quien se ha encargado de intervenir en estos graves atropellos y corregir las deficiencias del legislador. Ejemplo claro es todo lo que ha sucedido con la prisión preventiva oficiosa, en la que el Poder Judicial ha intentado evitar que se utilice como un instrumento de persecución y presión por parte del Estado.
Es urgente que el Poder Legislativo recupere su verdadera función: legislar con conocimiento, responsabilidad y visión de Estado. Si no se corrigen las deficiencias normativas y se continúa ignorando el papel del Poder Judicial como garante del equilibrio constitucional, México seguirá siendo un país donde la ley se crea a conveniencia de quienes están en el poder, sin importar las consecuencias para la justicia y el Estado de derecho.