El 10 de febrero, el gobierno de Estados Unidos anunció la imposición de aranceles de 25 por ciento sobre las importaciones de acero y aluminio provenientes de todos los países, aplicables a partir de este 12 de marzo.
La respectiva orden ejecutiva firmada por Donald Trump no hace excepciones para Canadá y México, que además de ser los vecinos y principales socios comerciales de EU, son sus mayores abastecedores de acero y aluminio.
EU anunció la imposición de estos aranceles sobre todas sus importaciones de acero y aluminio al amparo de la Sección 232 de su Ley de Expansión Comercial de 1962, que invoca cuestiones de seguridad nacional para imponer restricciones a las importaciones.
La orden de Trump no hace diferencia de sus socios comerciales ni tampoco considera que EU tiene un alto superávit comercial en productos siderúrgicos con México.
Se estima que los aranceles impuestos por EU podrían afectar envíos de acero y aluminio provenientes de México por al menos 15 mil millones de dólares.
El gobierno mexicano trató de disuadir la medida a través de negociaciones con sus contrapartes en EU.
Por esa razón, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viajó el lunes en la mañana a Washington, DC, para sostener reuniones con funcionarios estadounidenses con el fin de evitar la imposición de aranceles al acero y aluminio mexicanos.
Si anoche no ocurrió nada extraordinario de última hora, los aranceles entran en vigor a partir de hoy. Trump querrá proteger su imagen para no quedar como un mentiroso.
“En la plática que tuvieron el jueves pasado la presidenta Sheinbaum y Donald Trump, dieron a entender que los aranceles a todos los productos mexicanos se van a aplicar como está previsto en el tratado comercial hasta el 2 de abril, pero qué va a pasar el 12 de marzo con los aranceles al acero y el aluminio, todavía no queda claro”, dijo a quien esto escribe Mateo Diego-Fernández, socio del despacho AGON y panelista del T-MEC.
Según la hoja informativa que publicó la Casa Blanca sobre la suspensión hasta el 2 de abril de los aranceles generales de 25 por ciento a todas las importaciones de EU provenientes de México y Canadá, el acuerdo para aplazar su entrada en vigor beneficia a los productos que cumplan con las reglas de origen del T-MEC y que califiquen para la preferencia arancelaria negociada.
“Una posible explicación es que si éstos cumplen con la regla de origen, pues no pagan arancel como está previsto en el tratado, y si no cumplen con la regla de origen, pudieran verse afectados por el arancel de 25 por ciento”, dice Diego-Fernández.
El estimado que tienen los expertos de AGON es que aproximadamente la mitad de las exportaciones de México hacia EU está cubierta por los certificados de origen.
Un cálculo informal que tienen en el mismo despacho es que alrededor de 20 o 30 por ciento de mercancías adicionales podría cumplir con la regla de origen, aunque es difícil determinarlo.
En el caso de la industria automotriz, 8.2 por ciento de los autos ligeros y 20.4 por ciento de las autopartes que se exportan a EU no cumplen con las reglas de origen del T-MEC, lo que los expone a los aranceles universales de 25 por ciento a productos de México por parte de Trump, según la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz.
Mateo Diego-Fernández, especialista en solución de controversias comerciales, sostiene que los aranceles por parte de EU al acero y aluminio mexicanos “no se justifican de ninguna manera”.
La primera razón es que “existen las obligaciones en el tratado de aplicar un arancel cero a las mercancías que cumplen con la regla de origen, pero además EU tiene compromisos en la OMC de que sus aranceles no pasen de determinado nivel”.
Adicionalmente, “el hecho de que estos aranceles se impongan por motivos de superávit comercial no tiene ningún asidero en los compromisos internacionales de EU y, en todo caso, como ya lo explicó nuestra presidenta, en México no estamos en esa situación dado que el superávit viene más bien del otro lado”.
De consumarse, México debe aplicar medidas de retaliación contra EU conforme al T-MEC, que incluyan consideraciones económicas y políticas, como respuesta a los aranceles siderúrgicos impuestos a las exportaciones mexicanas, además de impugnar en las instancias conducentes.