El gobierno se engaña y engaña a la ciudadanía. Bajo el pueril argumento —Claudia Sheinbaum— de un Poder Judicial más democrático porque es electo en urnas, pretende hacernos creer que los jueces serán mejores, más preparados, pero sobre todo, más independientes que los anteriores.
Una falacia mayúscula.
Conozco por lo menos a tres empresarios medianos y grandes que apoyan la candidatura de diversos personajes a la elección judicial. Ya los verá usted, porque serán aquellos que tengan más recursos para campañas más extensas.
Ahí, pamplinas con la “democratización del Poder Judicial”.
En días recientes, Roberto Gil, un destacado panista que sirvió en el Senado, en su partido y en el gobierno de Calderón —en beneficio de la duda al gobierno morenista—, presentó su candidatura para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo hizo por dos vías: el Poder Judicial y el Poder Legislativo.
No alcanzó a entrar. Acusa a Arturo Zaldívar —el exministro morenista de López Obrador— de haber acomodado a sus incondicionales, promovido a las candidaturas partidistas y marginado o vetado a los que provenían de otras fuerzas. De 27 candidaturas finales, Morena y afines se quedaron con 16. Muy morenista la urna de las bolitas en el sorteo, ¿no cree usted?
La elección judicial está más amañada que las elecciones internas del entonces PRD o las dictatoriales en los tiempos gloriosos del PRI.
Morena es una reedición, de tanto decirlo ya hasta asquea la repetición, del priismo más burdo, primitivo, autoritario y corrupto.
Zaldívar, Monreal —el doctor en derecho que defiende pisotear la Constitución—, Adán Augusto y Lenia Batres, totalmente fuera de control al pretender conocer las cuentas de particulares, como si fuera fiscalía o unidad de inteligencia financiera. Que alguien le explique a esa pobre señora lo que significa ser ministra de la Corte, no Torquemada de una fuerza ideológica.
Pero lo más deplorable es el papel de la presidenta, sí, de esa en la que tantas esperanzas depositamos.
No sólo repite y fortalece la farsa de la reforma judicial y de la futura elección, sino que además la difunde, la promueve y normaliza el atropello.
Hay grupos empresariales que impulsan a sus jueces. Hay partidos que pretenden contar con juzgadores incondicionales al servicio de sus agendas y propósitos.
Y no es que el Poder Judicial de la Federación fuera un ejemplo de pulcritud, honestidad y servicio ciego a la justicia.
¡Claro! Que había corrupción, por supuesto que se sabía ampliamente entre litigantes y juzgadores, que con cantidades importantes de dinero podías alcanzar acuerdos con los jueces, fallos favorables o desfavorables en determinados casos.
Esos señalamientos llegaron a la Corte incluso con el nombre de célebres ministros y algunas ministras.
La elección no va a eliminar estas desviaciones; por el contrario, las va a agudizar. Porque quienes lleguen tendrán que probar su agradecimiento con el poder y con Morena, al tiempo que revitalizan la maquinaria de la corrupta compra de fallos y dictámenes.
¿Qué habrá mejorado en un año? Nada. Los problemas se habrán agudizado.
Muchos abogados afirman que litigar contra el gobierno, contra muchas de sus dependencias o contra autoridades locales, se volverá imposible en toda entidad gobernada por Morena. Ellos serán los dueños de los juzgados, de los casos y de los fallos que pondrán al servicio del mejor postor.
Existen casos en la historia de estados sin un aparato independiente de impartición de justicia. Aquellos países gobernados por maquinarias partidistas e ideológicas, como la antigua URSS o Cuba, China, Corea del Norte, Venezuela o Nicaragua.
Cuando una fuerza política consigue respaldo abundante y mayoritario, poder casi absoluto que le permite modificar la estructura institucional del Estado, se eliminan los contrapesos, se erosiona la democracia, se terminan las libertades.
La justicia morenista impondrá su tónica: los jueces fallarán con un enfoque social, que no jurídico. Se impondrá la aberración de AMLO: “entre la ley y la justicia, siempre la justicia”.
Una estupidez mayúscula, ignorante y populista. ¿Cuál justicia? ¿La de quién? ¿La del más fuerte, la del más rico, la del más poderoso?
El golpeteo arancelario con Trump exhibe con claridad el ejemplo de la ley y la justicia.
Trump impone aranceles, rompe el T-MEC, viola la ley internacional y los acuerdos entre los tres países. Él está convencido de que es justo porque —a su juicio— se cometían atropellos e injusticias contra Estados Unidos.
¿Quién tiene razón? ¿El que aplasta la ley en su única, individual y partidista visión de la justicia? ¿O el que, en el marco del derecho, se ampara en la ley para buscar la justicia?
Debate complejo, delicado y muy desfavorable para quienes somos críticos de Morena. Cualquier juez fallará en nuestra contra.
Un Estado sin ley es una sociedad sin reglas de convivencia, es una comunidad sometida a un poder superior al que debes rendirte o acatar. El fin de las libertades y los derechos, que serán interpretados por políticos ideologizados al máximo. Como Trump.
Una desgracia para la nación y un retroceso brutal en nuestra historia.