En la administración pública, lo urgente suele eclipsar lo importante. Así sucede con el Programa IMSS-Bienestar —diferente del OPD IMSS-Bienestar—, cuyo futuro es cada vez más incierto y podría desembocar en una crisis mayor. Este programa quedó fuera del Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 y opera con recursos extraordinarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), suficientes solo hasta marzo. A partir de abril, no existe financiamiento garantizado.
La relevancia de este programa radica en su presencia en 19 estados, con 82 hospitales rurales y más de 3 mil 600 unidades médicas que atienden a 11 millones de personas sin seguridad social en zonas de difícil acceso y alta marginación. Sin embargo, las restricciones presupuestales amenazan su continuidad y la de miles de trabajadores.
Un programa sin dinero
El Consejo Técnico del IMSS autorizó en enero un rescate financiero temporal haciendo uso de las reservas del instituto para mantener el programa a flote hasta marzo de este año. Sin embargo, este dinero ha sido insuficiente para contratar personal médico y de enfermería, situación que ha derivado en reajustes para pagar al menos la nómina de marzo.
Pero el problema no es solo el pago de la nómina, tampoco hay presupuesto para cubrir el pago de finiquitos de su personal jubilado, de medicamentos, vacunas, oxígeno medicinal, recolección de residuos biológico-infecciosos, gasolina, mantenimiento vehicular, que son indispensables para la operación diaria de las unidades médicas.
El problema hoy en día es difícil y la situación podría agravarse más a partir de abril. Se estima que la presidenta Claudia Sheinbaum emitirá un decreto presidencial para desaparecer formalmente el Programa IMSS-Bienestar e integrarlo al IMSS Ordinario. Aunque esto podría parecer una solución, la pregunta clave permanece: ¿con qué recursos se garantizará la atención médica de la población no asegurada? Tan solo en 2024, el programa requirió 21 mil millones de pesos para su operación, una cifra que no tiene asegurada para este año.
El IMSS se financia a través de cuotas tripartitas (trabajadores, patrones y el Estado), enfocadas en proteger a los derechohabientes. Si no se asigna un presupuesto adicional, la operación del programa recaería sobre las reservas del Instituto, poniendo en riesgo la estabilidad del sistema de seguridad social.
Los alcances del decreto
Si se concreta el decreto, se espera que el IMSS garantice el pago de la nómina de los trabajadores del programa y cubra el Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP) de los extrabajadores. Se establecerían mecanismos de compensación para que el OPD IMSS-Bienestar reembolse al IMSS los gastos derivados de la atención médica a población no derechohabiente. El IMSS asumiría los pasivos financieros previos a la publicación del decreto y se garantizaría la no afectación de derechos laborales de los trabajadores del programa.
Sin una reforma legal, el decreto es inviable
¿De dónde saldrán los recursos para financiar la atención médica de millones de no asegurados y cubrir el pago del RJP de los trabajadores? ¿Se trasladarán estos costos al régimen obligatorio del IMSS? ¿Cómo se garantizarán los derechos laborales del personal del programa?
La ley es clara: el IMSS no está facultado para atender a población sin seguridad social sin un financiamiento específico, salvo en casos de emergencia nacional. Esta responsabilidad corresponde legalmente al OPD IMSS-Bienestar.
Para que este Decreto sea viable, el Congreso tendría que reformar los artículos 77 Bis 1, 2 y 3 de la Ley General de Salud, así como los artículos 5A, 251 y 277D de la Ley del Seguro Social. Estas disposiciones regulan el financiamiento y la atención a población no asegurada. Sin dichas modificaciones, el Decreto no solo podría ser impugnado, sino que generaría un vacío legal que pondría en riesgo la estabilidad financiera del IMSS.
El Consejo Técnico del IMSS: entre medidas provisionales y una solución definitiva
El Consejo Técnico del IMSS debe tomar una decisión clave: seguir aprobando rescates temporales sin respaldo federal o exigir una solución definitiva. Prolongar el uso de las cuotas tripartitas sin financiamiento específico puede derivar en cuestionamientos legales.
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum deberá actuar pronto ante esta crisis: asignar recursos inmediatos para mantener el Programa como hasta ahora, mientras se impulsan reformas a la Ley General de Salud y del IMSS que garanticen financiamiento sin comprometer las reservas del Instituto, además de proteger los derechos laborales de su personal.
Un decreto presidencial, por sí solo, no resolverá el problema de financiamiento. Sin una estrategia integral, la incorporación del Programa al IMSS Ordinario será apenas un paliativo que pospondrá la crisis, poniendo en riesgo la atención médica de millones de personas y miles de trabajadores.