La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló el miércoles la pérdida de registro a aquellos candidatos de la elección judicial que incurran en hechos graves de todo tipo.
Elección judicial: ¿Qué tienen prohibido hacer los candidatos?
Los magistrados dijeron que, contrario a lo que estableció el INE, los criterios para fijar esa sanción no pueden limitarse a dos causales, como recibir recursos públicos y/o privados, o asistir a eventos proselitistas.
Janine Otálora Malassis, ponente del caso, dijo que los candidatos tienen derechos, pero también deben cumplir una serie de obligaciones que establece la ley electoral.
“En este proceso electivo inédito se tiene que buscar la mejor regulación atendiendo al sistema normativo de manera integral. Esto a efecto de preservar adecuadamente las bases y principios constitucionales”, justificó.
Su proyecto fue avalado por unanimidad. La magistrada presidenta, Mónica Soto, destacó que la Constitución y la ley electoral contienen un gran número de conductas que desde el punto de vista de la fiscalización son susceptibles de afectar el desarrollo ordinario de los procesos electorales y sus resultados.
“Existen conductas que pueden poner en riesgo los principios constitucionales de las elecciones como la equidad, transparencia, rendición de cuentas y otros valores democráticos de las personas contendientes al ejercer recursos en la promoción de sus candidaturas e informar en tiempo real de sus gastos”, señaló.
Asimismo, los magistrados coincidieron en que de presentarse quejas, cada caso deberá ser analizado por separado, tomando en cuenta el contexto de las faltas y establecer si se amerita o no la pérdida de la candidatura.
Al final, la Sala Superior ordenó al INE modificar el artículo 52, fracción III de los lineamientos para la fiscalización del proceso electoral, a efecto de no condicionar la cancelación del registro sólo a dos conductas infractoras.
INE revisará tiempos de proselitismo en televisión y radio
En otra decisión, la Sala revocó un acuerdo del INE por el que asignó el tiempo del Estado en radio y televisión para el proceso electoral judicial y le ordenó que haga una nueva distribución más equitativa.
Las y los magistrados pidieron al INE considerar los diversos escenarios, entre ellos que hay entidades federativas sólo con elección judicial federal, otras con elección judicial federal y local, mientras que Durango y Veracruz tendrán, además elecciones concurrentes.