Más allá de quienes resulten personas juzgadoras, el destino de la elección del Poder Judicial está cantado: fraude o fracaso. Lo peor es que dará lugar a una democracia limitada y deforme.
En el segundo intento por reformar el Poder Judicial, la llamada cuarta transformación resbaló de nuevo. Como en otros proyectos, las ansias y las prisas, así como la falta de claridad y recursos –ausencia de visión y cálculo– hicieron de la idea una cadena de errores y tropiezos, estampando por sello el descuido de la pulcritud y la legitimidad del proceso.
En tal circunstancia, la elección de jueces, magistrados y ministros no satisfará el propósito descubierto ni el encubierto: no garantizará el acceso a la justicia ni consolidará la hegemonía en vías de construcción. El Poder Ejecutivo influirá más sobre el Poder Judicial, pero este último será punto de apoyo de grupos e intereses políticos, económicos y criminales con ganas de ampliar u ocupar parcelas de poder.
Todo esto sin considerar el efecto que sobre la fragilidad económica y financiera tiene y tendrá el debilitamiento del Estado de derecho y la profundización de la incertidumbre jurídica.
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Varios factores permiten pensar en el fraude o el fracaso de esa elección, así como en el impulso de una democracia limitada y deforme.
Uno. El voto no será universal, igual ni directo.
No será universal porque, en la elección de los impartidores de justicia, se incurrió en una injusticia: quien no pueda ver o sepa leer, quien viva en el extranjero o esté preso sin haber sido juzgado, le fue anulado su derecho a sufragar. Tal cual. Fueron excluidos de la democracia. Esta vez no habrá boletas braille ni emblemas en ellas para distinguir sin letras a quien prefiera el elector. Por si eso no bastara, se hizo a un lado la presunción de inocencia de quienes se encuentran en prisión preventiva. Así, se inaugura la elección del Poder Judicial y se presume como un triunfo de la democracia.
El voto no será igual porque, dada la división geojurisdiccional elaborada, algunos electores sí sufragarán por posiciones judiciales del ámbito federal, pero otros no. Aunado a ello, ante un mayor número de posiciones en juego, se redujo el número de casillas. Para elegir a 628 legisladores se contó con casi el doble de casillas que para votar a 881 los juzgadores.
La elección no será directa. Los Poderes de la Unión, en particular el Ejecutivo y el Legislativo, preseleccionaron las candidaturas, jugando un doble rol: el de postulantes y promoventes de ellas. Una preselección, visto está, carente de pulcritud, rigor y seriedad. Iniciada la campaña electoral, ahora afloran dudas sobre la probidad de algunas candidaturas y los postulantes de ellas serán quienes las impugnarán. Vaya galimatías.
El simulador electoral del INE es, en efecto, un simulador.
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Dos. Las garantías de las candidaturas al Poder Judicial se pasaron por alto.
A diferencia de la elección de los poderes Legislativo y Ejecutivo, la del Poder Judicial fue maltratada. Las y los candidatos a impartidores de justicia concursan sin garantías ni condiciones adecuadas; son –aunque no son– representantes de una calidad inferior a la de los otros poderes.
Quienes se postularon para juez, magistrado o ministro no tienen representantes en ninguno de los órganos electorales. Del mayor al menor, en ninguno. Nadie los representa en el Consejo del Instituto Nacional Electoral, como tampoco en la casilla. Si la justicia es ciega, así deben concursar quienes aspiran a impartirla: a ciegas. Los candidatos a los otros poderes sí tienen representantes en todas las instancias del proceso, no los del Poder Judicial. Hay, además, otra curiosidad: los candidatos de los otros poderes reciben recursos públicos para promover su postulación; los del Judicial, no. Inocente o perversamente, a estos últimos se les pide invertir sus ahorros, sin ni siquiera imaginar que quizá algunos tengan patrocinador o padrino.
La equidad tampoco fue un valor ponderado en la elección. Hay candidatos judiciales que concursan para permanecer en el cargo o escalarlo, pero no se les exigió pedir licencia en su función ni ellos tuvieron la delicadeza de solicitarla. Hay, pues, candidaturas de primera y de segunda.
Del piso parejo se pasó, como si nada, al piso inclinado.
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Tres. La certeza de la jornada electoral se hizo añicos.
En una urna única se depositarán los seis votos para los tres niveles y las múltiples especialidades de los impartidores de justicia. No será como cuando se eligen diputados, senadores y presidente de la República. No, todas las boletas irán a dar a una sola urna y, luego, habrá que clasificarlas y más tarde contarlas, pero sin hacer el escrutinio y cómputo por candidatura. Aunado a ello, las boletas no empleadas no se inutilizarán en la casilla. Más claro ni el chapopote y los resultados se conocerán a más tardar en quince días después de los comicios. El conteo rápido, al parecer, será un recuerdo.
Así, supuestamente, el país será el más democrático del planeta.
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La elección del Poder Judicial no será una de las más concurridas.
Triunfará el abstencionismo y con él quienes cuenten con el respaldo del movimiento de la cuarta transformación, de padrinos o patrocinadores o con recursos para llevar votantes a su favor. Como quiera, la justicia no llegará a quienes claman por ella y, quizá, tras la elección será precisa una tercera reforma del Poder Judicial.
Y es que, en 2027, cuando concurran la elección de diputados y la de la segunda tanda de impartidores de justicia, se vivirá un absurdo. Habrá candidatos con y sin recursos públicos, con y sin representantes en los órganos electorales, con y sin resultados el mismo día. Dicen que la tercera es la vencida.