“Las y los abogados en México están entrenados para ocupar puestos, ser dueños de despachos, convertirse en notarios y ganar mucho dinero. Nunca construimos una visión social de la abogacía y por eso no nos asumimos como corresponsables de la problemática social, que está vinculada a lo jurídico”, sostiene José Mario de la Garza, expresidente de la Barra Mexicana de Abogados y fundador de Perteneces.
En la Escuela Libre de Derecho, de donde egresó, dice, ningún profesor le habló de responsabilidad social. “Nadie me dijo que, independientemente de que fuera abogado corporativo o notario, no me podía sustraer de los problemas. Lo mismo sucede en todas las universidades privadas donde se enseña derecho. Me parece que quedamos a deber”.
Precisamente por esa deuda fue que el abogado fundó Perteneces, que inició con la defensa penal de personas encarceladas injustamente: “El común denominador de la población de nuestras cárceles son jóvenes con un problema muy severo de marginación y con muy poca perspectiva. La mayoría fueron detenidas, entre comillas, en flagrancia, sin investigación y están sujetos a lo que pueda hacer la defensoría pública, una muy buena institución que está muy rebasada”.
De la Garza conoce muy bien el ciclo que se repite una y otra vez: un preso pasa años en la cárcel y el sistema acaba cooptándolo. Obtiene su libertad, carece de oportunidades, nadie le ofrece empleo y es etiquetado como delincuente hasta que vuelve a la reclusión. “Ahí están las camionetas último modelo esperando a que los muchachos salgan. La delincuencia organizada es la principal agencia de colocación. Tenemos que romper el ciclo”, apremia.
Después de la creación de Perteneces, De la Garza aprendió que su trabajo no podía ser sólo defender y liberar personas. Había mucho qué hacer afuera. “Liberar a una persona es el principio de muchos más problemas para quienes han estado en prisión. El sistema mexicano es durísimo, te despedaza la vida, te pone en la banqueta sin estructuras que te ayuden a volver a empezar. Tomar terapia, enganchar con tu familia, ser compatible con la comunidad, redactar una solicitud de empleo, sacar una INE, todo eso que para ti y para mí no es relevante, para alguien que lleva tres años en la cárcel es muy complejo. También los ayudamos con eso”.
Perteneces también protege derechos básicos como el acceso al agua, a la salud y a la educación. La organización ha promovido amparos a favor de niñas y niños para que la autoridad se vea obligada, por ejemplo, a reparar una escuela o a dotarla de baños. Los años recientes, ha promovido amparos para niños sordos, pues se eliminó del catálogo de procedimientos quirúrgicos la posibilidad de colocarles implantes cocleares en los hospitales del Seguro Social. “Llevamos 30 implantes y tenemos una fila de 100 amparos”, cuenta.
En la abogacía nacional, lamenta De la Garza, todos los despachos te dicen que hacen trabajo pro bono, pero los asuntos no llegan solos. “Hay que ir tras ellos, visitar comunidades, escuelas y los abogados no saben hacerlo; no van a los pueblos, no se meten a las comunidades a convencer a las personas. Ahí está la necesidad”.
Nacido en la Ciudad de México, pero vinculado a San Luis Potosí, De la Garza tiene un despacho además de Perteneces, la organización donde trabajan 30 abogados, trabajadores sociales y psicólogos que visitan prisiones. De Xolol, el penal femenil en la huasteca potosina, salió Sanjuana Maldonado, uno de los casos en los que se involucraron De la Garza y su equipo. A ese infierno que alcanza temperaturas de 50 grados, llevan pasta de dientes, papel higiénico, champú y otros productos higiénicos que las presas deben comprar.
Este año, Perteneces ha liberado a 20 personas, que se suman a las 480 que han obtenido su libertad desde su fundación. La meta para 2025 son 90 más. “El contacto con las personas en prisión me ha cambiado la vida y también la manera de entender el sistema mexicano de persecución de los delitos. Perseguimos básicamente dos: el robo y el narcomenudeo. El 80 por ciento de la población carcelaria en México está interna por esos delitos y son jóvenes que a veces los cometen porque no tienen de otra. Si yo estuviera en sus circunstancias y hubiera nacido donde ellos nacieron, también estaría en la cárcel. Debemos abandonar la idea de juzgar a las personas porque están en la cárcel sin entender su contexto, su geografía, la violencia en la que viven, los abusos a los que están expuestos y la falta de oportunidades. Salen y regresan a la misma casa, a la misma pandilla, a la misma esquina. Los muchachos no salen como hombres nuevos. Si los vuelves a sembrar en la misma comunidad impregnada de violencia y de delincuencia y lo dejas sin opciones, van a repetir las mismas conductas”.
Insiste: “Los abogados también somos responsables de lo que pasa en el país, de lo que pasa con el Poder Judicial, pero no lo queremos asumir”.
De la Garza, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Luis Potosí desde hace 28 años, ha construido una red de apoyo nacional con despachos locales en los estados. “Creo que la abogacía se tiene que construir desde lo local”, afirma, y cuenta el caso que contiene el libro Guardianes de la dignidad, la historia de una escuela deteriorada a la que Perteneces le promovió un amparo para que la autoridad la arreglara. “La juez llevó a cabo una diligencia en la escuela y les habló a los niños y a sus padres sobre la profundidad de la dignidad de las personas. Después, las mamás organizaron un mole y la juez se quedó a la comida. Una de ellas dijo: ‘ya entendí, la escuela es nuestra’. Y sí, comprendió que había que apropiarse del espacio público, ejercer sus derechos y que las escuelas no son del director ni de la SEP. Y eso sí es transformador”.