A sólo unas semanas de ser reconocida por séptimo año consecutivo como Campeona de la Sustentabilidad por la Asociación Mundial del Acero, Ternium se enfrentó a un golpe de realidad: el derrame en los tanques de almacenamiento de la planta regeneradora de solución de decapado en su instalación de la Avenida Churubusco del pasado 17 de abril provocó daños a la flora y fauna por la contaminación del cauce del Arroyo Talaverna.
Aunque la empresa aceptó de inmediato su responsabilidad y respondió con acciones de contención, incluyendo el despliegue de 150 brigadistas para la limpieza del arroyo, la aplicación de material neutralizante, el uso de equipos de aspiración industrial para recuperar el líquido contaminado, y monitoreos ambientales continuos, aún queda mucho por hacer.
Como era de esperarse, el oportunismo político apareció, líderes repentinamente preocupados por el medio ambiente surgieron para exigir la clausura de la planta, su reubicación y los mayores castigos posibles, sin considerar lo verdaderamente importante: la transparencia y las lecciones que debemos aprender como una ciudad industrializada que aspira al primer mundo.
Los últimos días supimos sobre las sanciones de la Profepa, que ordenó la clausura de la instalación responsable del siniestro ambiental, así como la amenaza de multas económicas millonarias, mientras el Gobierno del Estado anunció la imposición de multas por 80 millones de pesos, lo cual es parte de un proceso de rendición de cuentas y una consecuencia lógica a una falla de este tipo.
Sin embargo, tanto a Ternium como a nuestras autoridades ambientales les ha faltado explicar a la ciudadanía por qué pasó lo que pasó, qué consecuencias tendrá en el medio ambiente, qué hicieron para contener la situación, qué harán para remediar el espacio natural y urbano afectado, y principalmente, qué harán, cuánto invertirán y cuándo podremos ver los resultados para que esto no vuelva a ocurrir.
Si Ternium es verdaderamente congruente en su compromiso con la sostenibilidad, más allá de debatir sobre si las multas son justas o no, insuficientes o exageradas, lo que se esperaría de una compañía ética es manifestar con claridad y suficiencia las acciones realizadas para prevenir nuevos incidentes.
También es obligación de las autoridades acompañar las multas de una supervisión precisa y exigente en el cumplimiento de normas ambientales y de seguridad industrial, pues queremos pensar que no hay detrás un espíritumeramente recaudatorio, pues si todo se resuelve pagando, pues incorporemos a los modelos de negocio el costo por el permiso de contaminar y que se incluya en el estado de resultados de las empresas.
La transparencia y rendición de cuentas es también hacia la ciudadanía vecina de las instalaciones industriales, los colaboradores y las organizaciones no gubernamentales interesadas en el cuidado del medio ambiente, todos grupos de interés clave en la gestión de la reputación de la empresa y en el logro de sus estrategias de largo plazo.
Sólo una gestión proactiva, transparente y honesta de una crisis de esta magnitud, puede transformar un potencial desastre en una oportunidad de crecimiento, aprendizaje y mejora continua.