La reforma de Claudia Sheinbaum a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR) busca prohibir propaganda de gobierno extranjeros en medios mexicanos… pero también permitirá a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) bloquear plataformas digitales y redes sociales.
“El artículo 109 de esta iniciativa, le otorga la facultad al Gobierno de bloquear y censurar las plataformas digitales, redes sociales, sitios web y aplicaciones sin necesidad de una orden judicial, sin mandato judicial, sin límite de tiempo, sin contrapesos ni procedimientos claros”, alertó Manuel Añorve Baños, senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Explicó que la iniciativa enviada por la presidenta Sheinbaum faculta a la ATDT a bloquear una crítica en redes, un portal incómodo o un canal informativo “que no sea del agrado de quienes están en el Gobierno”.
“Esto es, en cualquier idioma y en este, un claro asalto a las redes sociales, a la libertad de expresión en las redes sociales y un claro ejercicio de censura, porque es la misma Agencia la que va a emitir los lineamientos de bloqueo y al mismo tiempo la que va a decidir qué redes sociales bloquear y qué plataformas digitales no bloquear”, expresó Alejandra Barrales, senadora por Movimiento Ciudadano.
Urgen parlamento abierto para analizar iniciativa
Ante las posibles violaciones a la libertad de expresión y el impacto económico a las telecomunicaciones y la radiodifusión, la International Chamber of Commerce México (ICC México) hizo un llamado a establecer un proceso de parlamento abierto para analizar con detenimiento la propuesta.
“Reconocemos la relevancia de actualizar el marco regulatorio del sector telecomunicaciones, sin embargo, ante la iniciativa presentada, hacemos un llamado a establecer un proceso de Parlamento Abierto que permita la participación activa de expertos, representantes del sector académico, empresas y organizaciones de la sociedad civil”, pidió.
Además, afirmó que la iniciativa debe asegurar la autonomía técnica, operativa y presupuestaria de los organismos reguladores, en concordancia con los compromisos internacionales suscritos por México, especialmente el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
“La independencia regulatoria es un pilar esencial para prevenir prácticas anticompetitivas y fomentar un entorno equitativo para todos los actores del sector”, sostuvo el organismo.