El Rancho Izaguirre no fue un centro de exterminio, como aseguraron colectivos de familias buscadoras que ingresaron al recinto hace unas semanas, desatando un escándalo nacional e internacional. Esta afirmación fue hecha esta semana por el reservado fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, en una extraña conferencia de prensa donde proporcionó relativamente poca información, más allá de asegurar que no había indicios de que en Teuchitlán, Jalisco, existiera un campo de exterminio.
Este anuncio, como era de esperarse, enfureció a los colectivos de personas desaparecidas, quienes se sintieron traicionados no solo por la fiscalía, sino también por Claudia Sheinbaum. En las últimas semanas, el Gobierno de México había establecido un acercamiento importante con las familias de las víctimas, poniendo fin a la estrategia de “abrazos, no balazos”, que parecía implicar la descalificación de los familiares de los desaparecidos. De hecho, el expresidente Andrés Manuel López Obrador llegó a acusarlos de ser parte de la oposición.
Obviamente, la acusación de que en México existen centros de exterminio generó una reacción enérgica e hizo urgente que un funcionario respondiera para contrarrestar esas afirmaciones.
Es cierto que el fiscal general de la República tenía razón en un aspecto: hay pocas pruebas jurídicas que comprueben que se estaban incinerando reclutas en el rancho. Sin embargo, Gertz Manero tampoco pudo negar que en ese lugar se asesinaban personas.
Más allá de una cuestión semántica, lo que generaba un gran malestar en la Presidencia eran los titulares nacionales e internacionales que enfatizaban la existencia de campos de exterminio en México. Era imprescindible contradecir esa narrativa. Por ello, la conferencia de prensa de Gertz, que proporcionó poca información, tenía un objetivo claro: asegurar que, al menos en el caso del Rancho Izaguirre, no había evidencia de que fuera un campo de exterminio ni de que se hubieran incinerado personas. La urgencia de las declaraciones buscaba, en definitiva, proteger temporalmente la imagen del país ante la comunidad internacional.
Tras las declaraciones del fiscal general, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, no tardó en afirmar que él ya sabía que se trataba de un centro de entrenamiento, no de exterminio. Aprovechó, además, para criticar a los medios de comunicación por no investigar adecuadamente la información y los hallazgos presentados por las familias buscadoras.
La gran pregunta que seguramente se harán los colectivos es si la presidenta Claudia Sheinbaum realmente tiene la voluntad política de enfrentar la tragedia de las desapariciones en México o si, como su predecesor, intentará minimizar su impacto, cuestionando u ocultando los datos sobre este fenómeno. Sobre todo, si buscará invisibilizar nuevamente a los desaparecidos, especialmente ante coyunturas clave del próximo año, como la renegociación del T-MEC y el Mundial de Futbol.
Seguramente, la violencia y el problema de los desaparecidos generarán cuestionamientos en la negociación del tratado comercial y sobre la viabilidad de llevar a cabo el Mundial en el país.
Es importante reconocer que el fiscal Gertz Manero sí proporcionó algunos datos interesantes, aunque frustrantes, en su conferencia de prensa. Desde 2021, la FGR tenía indicios de que, en esa región de Jalisco, particularmente en el Rancho Izaguirre, había reclutamiento forzado y asesinatos, con la probable participación de funcionarios locales coludidos con organizaciones criminales.
Sin embargo, la información era escasa. No se tenía claridad sobre el número de personas reclutadas forzosamente, cuántas habían sido asesinadas, cuántas estaban reportadas como desaparecidas, ni cuántos funcionarios locales podrían estar involucrados en estas actividades.
Gertz Manero ofreció trabajar de manera más cercana con las familias de los desaparecidos, aunque no presentó una estrategia concreta a largo plazo. Además, aseguró varias veces que la fiscalía tiene limitaciones en materia de desapariciones: “Por mandato constitucional, no puede realizar pesquisas. Las funciones de investigación para la prevención del delito o para presentar denuncias corresponden a las autoridades de prevención del delito”.
En la conferencia de prensa también quedó en evidencia la falta de coordinación entre la Secretaría de Seguridad Pública, la Guardia Nacional y la Secretaría de Gobernación.
Urge no solo una legislación que brinde más apoyo a las familias de las víctimas, sino también un proceso de coordinación con requerimientos de reportes mensuales sobre cifras y resultados en la contención de las organizaciones criminales que reclutan y desaparecen personas.
Alguien debe asumir la responsabilidad política. Y claramente, ese alguien no puede ser el fiscal Gertz Manero.