Imposible no sentir indignación luego de conocer la existencia del Rancho Izaguirre. La evidencia del horror; los artículos personales abandonados; los restos de cuerpos humanos calcinados; la fosa común; las imágenes que revelan lo que fue un campo de exterminio; las banderitas amarillas y rojas que marcan evidencia y los testimonios hacen inevitable que surja esta emoción.
Una que se exacerba por la negligencia de las instancias de gobierno; el intento de inculpación partidista y la expectativa ciudadana de una impunidad casi total ante otra gran tragedia nacional.
Tan pronto se conoce sobre las características de este lugar y su cometido, resulta inevitable la frustración ante tal escenario que sería característico del género de terror. Con la principal diferencia de que esta situación, que se hizo pública gracias al hallazgo del Colectivo Guerreros Buscadores el último 5 de marzo, forma parte de la realidad de México. La indignación se intensifica cuando una conoce que las primeras señales de la existencia de este predio en Teuchitlán, Jalisco datan del 2019.
La filtración de los documentos que hubo de la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) en Guacamaya Leaks, revelan que elementos del Guardia Nacional habían localizado una finca con varios cuerpos calcinados en aquél municipio. Desde entonces, se presume que había una fosa clandestina.
Un segundo informe de mayo de 2020, elaborado por la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional en Jalisco, detalla un reporte del Comisario de Teuchitlán. En este documento, se informa que, siete meses después del hallazgo de los restos calcinados, un representante de un grupo criminal intentó sobornar a los agentes del batallón a cargo del comisario. La propuesta era reducir la intensidad de las investigaciones a cambio de dinero. Ante esto, el comisario rechazó el soborno y, como medida de seguridad, reforzó la protección alrededor de la base de operaciones en el municipio
Con todo, la Fiscalía de Jalisco dijo en un comunicado en la segunda semana de marzo de este año que el rancho fue descubierto originalmente en septiembre de 2024, durante una operación realizada por la Guardia Nacional. Si, seis años después de la primera sospecha de su existencia y por parte de una instancia federal. Derivado de eso se detuvieron a diez personas, se liberaron a dos secuestradas y se encontró una muerta. En ese mismo mes, las autoridades federales y del estado de Jalisco, aseguraron el lugar; pero sus indagatorias no habían localizado los restos que si encontraron los buscadores de víctimas.
Tales hallazgos y tanto tiempo sucedido antes de la revelación pública gracias al Colectivo Guerreros Buscadores, muestra la gran negligencia de las autoridades locales y federales, así como redes de complicidad previsibles entre el crimen organizado y las autoridades. Crece aún más la ira.
Ahora, la Fiscalía General de la República (FGR) ha informado que en el sitio se hallaron restos humanos y asumió el caso tras afirmar que hubo errores en la investigación que estaba a cargo de la Fiscalía de Jalisco. En respuesta, el fiscal estatal declaró en un video que el expediente muestra que, desde el inicio de la actual administración estatal, se han realizado diversas acciones de investigación para avanzar en el caso.
Tales acusaciones reflejan un intento de incriminación partidista, considerando que el gobierno estatal de Jalisco estuvo bajo el control de Movimiento Ciudadano hasta 2024, y que el municipio de Teuchitlán es actualmente gobernado por este partido político. El alcalde de Teuchitlán, quien fue elegido en 2021, logró su reelección el año pasado con más de la mitad de los votos.
Tragedias como esta son una oportunidad para el despertar de la sociedad, exigir políticas públicas y rendición de cuentas. Queda esperar a que se haga justicia; solo así se podrá evitar que la indignación sea, también, desesperación.