Dentro de dos semanas México amanecerá con el desenlace de una elección sin precedentes en nuestro país y en el mundo. No es una elección cualquiera, ni en su diseño, ni en sus implicaciones, ni por el contexto político que la enmarca. Esta elección surge de una reforma constitucional que, bajo el ropaje de la participación democrática, esconde una embestida contra la división de poderes y la autonomía judicial que nunca habíamos presenciado en la historia del país.
Desde la perspectiva político-electoral, lo que está en juego no es solo la integración del Poder Judicial, sino también los pilares que sostienen el régimen democrático. En ocasiones anteriores escribí respecto de que esta reforma y la elección de jueces, magistrados y ministros no resuelven el problema de la impartición de justicia en nuestro país y más bien lo agravarán al comprometer las resoluciones de los juzgadores a la “simpatía” de los electores antes que al texto de la Constitución y las leyes.
En esta entrega y en la siguiente analizaré, desde la óptica de la integridad electoral, las múltiples vulneraciones al debido proceso comicial, así como los riesgos estructurales que podrían consolidarse como precedentes para futuros comicios en México.
Este concepto se ha consolidado como un estándar internacional para evaluar la calidad de los procesos electorales. Agrupa, entre otros principios, el derecho a ejercer el voto en libertad, la certeza, la equidad, la transparencia, la participación informada, la legalidad y la imparcialidad en la administración electoral. Aplicarlo a esta elección nos permite observar con claridad cómo se ha ido degradando el sistema electoral mexicano al punto de poner en entredicho la legitimidad de sus resultados.
Iniciemos con los recursos requeridos para el despliegue que implica hacer respetar la voluntad ciudadana. La organización de una elección requiere una estructura logística compleja y costosa. El Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó más de 13 mil millones de pesos para llevar a cabo este proceso con los estándares requeridos. Sin embargo, apenas se le aprobaron poco más de 8 mil millones. Esta reducción presupuestal tuvo consecuencias directas:
• Se instalarán alrededor de 84 mil casillas, menos de la mitad de las que se colocaron en 2024.
• La ciudadanía que antes votaba cerca de su domicilio deberá desplazarse distancias mayores, con lo cual se desincentiva la participación.
• Se viola el principio de máxima facilitación del voto, esencial en una democracia funcional.
El mayor riesgo, sin embargo, no es el operativo, sino el precedente político que esto podría dejar: si se logra hacer una elección con menos recursos, podrían justificar futuras elecciones bajo este “modelo austero”, a costa de la calidad democrática y la participación ciudadana.
Por otra parte, una máxima de la democracia es la certeza en las reglas y la incertidumbre en el resultado. En este proceso, ambas premisas han sido violadas. Las reglas del juego han sido modificadas durante el transcurso del proceso (el Consejo General del INE ha tenido que tomar más de un centenar de acuerdos para subsanar las deficiencias de la reforma aprobada por el Congreso de la Unión) sin consulta ciudadana ni deliberación pública suficiente. Algunos acuerdos son recientes, a unos días de la jornada, dejando en la incertidumbre a los electores y a quienes contienden por los diferentes cargos.
A esto se suma el hecho de que la postulación de las candidaturas estuvo marcada por muchas sospechas respecto a criterios objetivos que pudieran avalar la trayectoria de quienes hoy aparecen en las boletas. Además, hace unos días el presidente del Senado solicitó al INE dar de baja algunas candidaturas, ya que detectó antecedentes que podrían vincularlas al crimen organizado, de la misma manera que la semana pasada el Instituto suprimió 17 postulaciones, ya que no cumplían con los requisitos correspondientes.
Por si fuera poco, a pesar de que la reforma constitucional señala con claridad que los partidos políticos no deben intervenir en este proceso, se han multiplicado las evidencias de que el bloque gobernante ha intervenido en reiteradas ocasiones, desde la selección de las candidaturas, durante las campañas y ahora con listas que se entregan al electorado para incidir en el sentido del voto. De manera tal que puede inferirse desde ya que la enorme mayoría de quienes resultarán electos serán cercanos, por decir lo menos, al partido mayoritario, quien está utilizando el aparato y los recursos del gobierno para ese propósito.
De manera tal que es previsible una baja participación, dada la complejidad del proceso, entre otras cuestiones, y además jueces, magistrados y ministros cercanos política e ideológicamente a Morena. Así que antes de acudir a las urnas ya conocemos el resultado y la única incertidumbre reside en saber cuál de las tendencias dentro del bloque gobernante se va a imponer.
Finalmente, por lo que hace a esta entrega, el principio del voto informado está consagrado en el derecho internacional y en nuestra legislación. Para que un ciudadano ejerza su voto de forma libre y razonada, necesita saber, al menos, las funciones que tendrán quienes resulten electos, cuáles son sus trayectorias y criterios jurídicos y qué consecuencias tendrán sus decisiones en su vida cotidiana.
La mayoría de la ciudadanía que acudirá a las urnas lo hará sin la información suficiente para comprender lo que está votando. Desconocerá los perfiles de las y los candidatos y sus funciones, lo cual degrada el proceso en su totalidad. El voto informado está siendo un derecho ignorado.