En enero pasado, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva cuyo propósito es “apoyar el crecimiento y uso responsable de activos digitales, tecnología blockchain y tecnologías relacionadas”.
Esta directiva establece como políticas: promover y proteger el acceso a las redes de blockchain y a los servicios financieros, así como la “soberanía” del dólar y el desarrollo de las criptomonedas estables (stablecoins) respaldadas por el dólar; proveer claridad y certeza regulatoria; y proteger contra los riesgos de las monedas digitales de los bancos centrales (CBDC).
El documento culmina con dos ordenamientos. El primero consiste en revocar la orden ejecutiva del presidente Biden y el marco expedido por el Tesoro en materia de activos digitales de 2022. El segundo reside en la creación de un grupo de trabajo, el cual, entre otras encomiendas, deberá presentar propuestas legislativas y regulatorias para llevar a cabo las mencionadas políticas, así como una evaluación de la posible creación de un arsenal (stockpile) nacional de activos digitales.
Finalmente, en una publicación de su propia red social, el pasado domingo, el presidente Trump se refirió a este arsenal como “reserva (reserve) estratégica de cripto”, la cual incluiría a bitcoin, ethereum, XRP, solana y cardano. Añadió que, con esta reserva, Estados Unidos se convertiría en la capital de cripto del mundo.
La administración Trump quiere ser parte de la revolución de cripto y blockchain, apoyando su desarrollo de forma peculiar. Por una parte, la orden ejecutiva sugiere una evaluación extraña de riesgos, al mencionar éstos sólo con relación a las CBDC, porque supuestamente “amenazan la estabilidad financiera, la privacidad individual y la soberanía de Estados Unidos”.
En consecuencia, prohíbe la emisión y circulación de cualquier CBDC en jurisdicción estadounidense. Este impedimento sorprende, ya que abarca al Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, sugiriendo desconfianza en esta institución. Además, la restricción resulta redundante, considerando que el sistema financiero estadounidense es, en gran medida, internacional y opera con diferentes monedas de forma digital. La preeminencia del dólar, aparente obsesión del mandatario, no depende de la obstrucción a las CBDC.
En contraste, Trump parece minimizar los riesgos provenientes de las criptomonedas privadas. Ello puede inferirse de la revocación de las disposiciones de la administración anterior orientadas, en gran medida, a proteger a los usuarios contra posibles fraudes, así como obstaculizar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Por otra parte, el gobierno contempla la posibilidad de participar en el mercado de criptomonedas. La orden ejecutiva no aclara cuál sería la finalidad del acervo de estos instrumentos. La incógnita es amplia teniendo en cuenta que, a diferencia de otros objetos o productos, como el petróleo o el equipo militar y médico, para los cuales el gobierno estadounidense guarda inventarios, las criptomonedas carecen de todo valor intrínseco.
Asimismo, se desconoce si el gobierno planearía tener criptomonedas como “arsenal” para liberar parte de ellas en caso de escasez crítica, cualesquiera que fuera su definición, o como “reserva” para estabilizar el precio mediante su compra y venta.
En cualquiera de las situaciones, resulta irónico que el gobierno podría incidir fuertemente en el valor de las criptomonedas, lo cual contrasta con la premisa sobre la legitimidad del bitcoin, independiente del respaldo de autoridad alguna.
Tal vez más importante resulta la afirmación del presidente Trump, en su publicación del domingo, de que una “reserva de cripto de Estados Unidos elevará esta industria crítica tras años de ataques corruptos por parte de la administración Biden”.
Trump parece ignorar que prácticamente la totalidad de las innovaciones financieras han estado producidas por los particulares, sin intervención de las autoridades. Incluso, algunas han nacido como forma de darle la vuelta a las regulaciones, como fue el caso del desarrollo de los fondos del mercado de dinero en los años setenta del siglo pasado.
El bitcoin nació como una alternativa descentralizada para realizar transacciones de forma anónima y segura, ante el decepcionante desempeño de los bancos y las autoridades en la Crisis Financiera Global de la primera década de este siglo.
La modernización digital continuará con o sin la intervención del gobierno. Las autoridades no deberían olvidar que su papel fundamental es establecer un marco adecuado de regulación y supervisión que reduzca la probabilidad de una crisis del sistema financiero.