Concluido el nuevo capítulo de la Temporada Los Aranceles de Donald Trump, el gobierno de Claudia Sheinbaum se apresta a impulsar la elección judicial, en un esfuerzo de denodada promoción, para que la cita del 1 de junio convoque al menos a 20 millones de votantes.
La presidenta buscará que, a la brevedad, el tribunal electoral revierta la prohibición emitida por el Instituto Nacional Electoral, que, apegado a la norma, impide a entes gubernamentales dar difusión y promoción a los comicios de jueces, magistrados y ministros.
Sheinbaum y su movimiento tienen un reto enorme para lograr, de saque, al menos la cifra que en 2022 se dio en la “revocación” de AMLO.
En esa ocasión fueron 16 millones y medio los que acudieron a votar si querían que López Obrador siguiera en la presidencia. Una cifra menor a los 30 millones que sufragaron por él en 2018, pero abultada si se toma en cuenta que fue una consulta hechiza (surgió del presidente, no de la sociedad; fue autoafirmación, no revocación, etc).
Mas la movilización que implicó ese ejercicio no fue nimia: gobierno y partido se emplearon a fondo, y aun así —lo que incluye distracción de todo tipo de recursos gubernamentales y partidistas, y una boleta con pregunta simple y binaria— sólo acudieron 16.5 millones.
En la elección judicial, por si hiciera falta decirlo, “no estará en juego” la magnética imagen de AMLO, sino que votaremos por gente para sustituir a un “corrupto” Poder Judicial; eso que suena bien en las consignas del Zócalo, en la práctica ha probado ser un galimatías.
Las campañas suelen animar a un electorado tanto porque éste se sabe empoderado, como porque es pretendido por personas que, mal que bien, terminarán siendo conocidas, y porque, si esos candidatos no alcanzaran notoriedad, casi siempre son identificables con siglas partidistas, es decir, con entes reconocibles.
El 1 de junio, sólo a nivel federal tendremos alrededor de cuatro mil candidatos, es decir, una cantidad enorme, aun sin tomar en cuenta a aquellos que buscarán ser elegidos para impartir justicia a nivel local en los 19 estados que tendrán similares procesos.
Si se termina consolidando la idea de que votar será engorroso y tardado, y de que encima la cita electoral supondrá que el o la votante no tenga claro ni quiénes son sus mejores opciones de entre los aspirantes, el nivel de participación se podría venir abajo.
En parte, para prevenir eso es que el gobierno quiere que le permitan promocionar la elección judicial. Para emprender una suerte de pedagogía al respecto, para impulsar desde Palacio Nacional mismo, y con sus medios de propaganda, la participación.
Ahora bien, tampoco se puede pasar por alto que el gobierno quiere que le permitan hacer propaganda, precisamente, para impregnar el discurso de promoción del tono ideológico que ayude a los candidatos surgidos de filas cercanas al régimen.
Dicho de otra forma: si desde hace años la promoción de las elecciones es una facultad de la autoridad electoral, no del gobierno, es porque se trata de que toda comunicación en ese sentido sea hecha desde la neutralidad, la imparcialidad y sin ánimo de intervenir en un proceso que corresponde a los ciudadanos, no a los políticos.
Porque si al gobierno le interesara tanto la promoción a secas, ya habría cedido para ello sus tiempos oficiales al INE. Pero no.
El gobierno morenista está pagando errores de su improvisación y soberbia: por aceptar hacer plazos que impuso el expresidente.
La presidenta puede respirar un poco tras el vendaval Trump, apenas para embarcarse en una elección que, sin votación abultada, podría resultar en un ejercicio con aún más sombras de ilegitimidad. Para conjurar eso, se habla de que buscarán al menos 20 millones de votantes.