Los criptoactivos entran en 2025 enrachados. Un mes después de que Donald Trump ganara las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el Bitcoin rompió la barrera de los 100 mil dólares por primera vez, y sus defensores comenzaron a declarar que solo era el comienzo de otra racha alcista de las criptomonedas.
Este rally parece diferente de los ciclos regulares de auge y caída que definieron la adolescencia de las criptomonedas. Por primera vez, Estados Unidos tiene un presidente que ha respaldado directamente las criptomonedas, e incluso lanzó su propio token. Trump, además, ya está fichando a criptocreyentes en puestos clave en su gobierno. En vista de que sus promesas de campaña en la conferencia anual de Bitcoin en julio incluyeron el establecimiento de una “reserva nacional estratégica de Bitcoin”, los analistas están discutiendo seriamente si el país puede hacerlo. Incluso antes de las elecciones, BlackRock Inc. y otros gigantes financieros comenzaron a introducir fondos cotizados para ofrecer criptomonedas a través de cuentas de corretaje tradicionales. El cripto, que siempre ha hecho hincapié en su ideología antigubernamental y antiestablishment, se han convertido en el establishment.
La base para este resurgimiento se ha estado cocinando durante años. Cuando la atención se alejó de las criptomonedas durante su caída en 2022, los ejecutivos y estrategas de la industria se pusieron a trabajar silenciosamente. No buscaron construir la revolucionaria aplicación por largo tiempo prometida que finalmente demostraría la utilidad práctica de las cadenas de bloques, sino que prepararon el terreno para una campaña de influencia política sin precedentes. Esto se tradujo en más de 130 millones de dólares (mdd) en gasto destinado a financiamiento de candidatos en el ciclo electoral de 2024, junto con una intensa campaña de relaciones públicas para convencer a los candidatos de que no podían darse el lujo de ignorar a los “votantes cripto” interesados solo en ese tema, un grupo que los estrategas se sacaron de la manga.
El gremio también propagó la narrativa de que las agencias federales se habían enzarzado en una guerra contra el cripto y habían emprendido campañas extragubernamentales para castigar a empresas financieras innovadoras que no han hecho nada malo. Esta retórica le sonará familiar a cualquiera que haya escuchado a Trump y sus delegados hablar sobre la regulación tecnológica, incluso si falsea la realidad, que es que la criptoindustria ha ignorado constantemente las regulaciones existentes mientras argumenta que el gobierno debería aprobar otras más amigables. “La industria cripto se cimenta en una base de incumplimiento regulatorio”, señala al respecto Hilary Allen, profesora de derecho en la American University y autora de Driverless Finance: fintech’s impact on financial stability.
La falta de regulación ha dado pie a algunos casos espectaculares de fraude, pero las consecuencias han sido relativamente limitadas.
Las crisis financieras se convierten en auténticas catástrofes cuando un colapso en un sector comienza a causar daños reales en otro.
El lado positivo de la crisis de las criptomonedas de 2022, que acabó con innumerables inversionistas minoristas, así como con varias criptoempresas importantes, fue que las personas que no se embarcaron en la fiebre fueron inmunes a la devastación. Pero el cortafuegos que separa los mercados cripto, volátiles y propensos al fraude, de las finanzas tradicionales puede no resistir durante la presidencia de Trump, ni protegernos durante la próxima caída del mercado de criptomonedas.
Entusiastas de la industria como Paul Atkins están asumiendo puestos de liderazgo en agencias federales, lo que significa que es probable que desaparezca la poca normatividad y observancia que hemos visto en el sector.
En cambio, la nueva administración ha comunicado su intención de desmantelar agencias y regulaciones que protegen a los consumidores y mantienen la confianza en las empresas y los mercados. El resultado podría ser una criptoindustria mucho más vinculada con todo lo demás. “La ironía máxima”, dice Allen, “es que la industria de las criptomonedas está intentando integrarse con el resto del sistema financiero para recibir el apoyo de los mismos bancos centrales que las criptomonedas, por diseño, repudiaban”.
A pesar de las protestas, las regulaciones habían disuadido a los principales bancos de involucrarse demasiado en las criptomonedas, protegiéndolos así de su colapso. La importancia de esa separación quedó evidenciada en marzo de 2023, cuando quebraron dos bancos que tenían una exposición significativa a las criptomonedas.
Algunas de estas protecciones ya se han debilitado en virtud de que la SEC, a pesar de su reputación como la némesis de la industria, aprobó productos cotizados vinculados a Bitcoin y Ether, haciéndolos más accesibles para los inversores y fondos tradicionales. Hoy más administradoras de fondos para el retiro, incluidas los que gestionan planes 401(k) patrocinados por empleadores, están ofreciendo exposición a las criptomonedas.
La industria ha estado trabajando arduamente para eliminar las restricciones que tienen los bancos regulados en materia de criptomonedas, cabildeando para revocar el Boletín de Contabilidad del Personal No. 121 emitido por la SEC, que ordena a los bancos revelar los criptoactivos que custodian en nombre de los clientes y mantener activos suficientes para respaldar esas tenencias.
La industria arguyó que esa norma imposibilitaba que los bancos tuvieran criptomonedas, y convenció a los legisladores para que presentaran un proyecto de ley en febrero de 2024 que no solo revocaría la directriz de la SEC en su conjunto, sino que le impediría poner cortapisas similares en el futuro. El intento de revocar el Boletín fue aprobado en el Congreso, pero finalmente fue vetado por el presidente Joe Biden, quien expresó su preocupación de que pondría “en peligro el bienestar de los consumidores e inversores” y le restaría facultades a la SEC.
Es probable que bajo el gobierno de Trump ningún veto de ese tipo impida que el Congreso, con sus crecientes filas de legisladores procripto, reduzca la autoridad de la SEC. También se puede esperar que el Congreso intente de nuevo trasladar la autoridad regulatoria a la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC), un órgano regulador más pequeño e infrafinanciado con poca experiencia en la supervisión de mercados conformados por inversores minoristas.
Es probable que la administración entrante se lance contra la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB), creada a raíz de la crisis de 2008 para combatir el comportamiento depredador en la industria financiera. El inversionista de capital riesgo Marc Andreessen, quien hizo grandes donaciones a la campaña de Trump, ha criticado a dicha oficina, afirmando falsamente que la CFPB era responsable de una campaña de “desbancarización” dirigida injustamente contra las empresas criptográficas y de tecnología financiera. Tras las elecciones, Elon Musk dijo que el gobierno debería “desaparecer la CFPB”. Pero hacerlo podría limitar drásticamente, si no eliminar, la capacidad del gobierno para garantizar la equidad en servicios financieros al consumidor en áreas en las que ya ha expresado su preocupación, como los pagos digitales y los juegos con criptomonedas.
El cabildeo de la industria es sorprendentemente similar al realizado por el exdirector ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, quien actualmente cumple condena de 25 años en prisión. Antes del colapso de su empresa y de que se conociera el multimillonario fraude que lo provocó, Bankman-Fried se codeaba con congresistas para exponer su visión de una legislación que, según él, llenaría los vacíos regulatorios y permitiría que la criptoindustria floreciera. Oficialmente aportó alrededor de 40 mdd a campañas políticas en el ciclo electoral 2022. Más tarde se supo que había gastado cerca de 100 mdd, canalizando la diferencia a través de mecanismos de “dinero oscuro” (donaciones de fuentes anónimas) y de donantes testaferros.
Las propuestas habrían reducido la supervisión regulatoria de las empresas criptográficas, en algunos casos dejando en manos de la industria la “autorregulación” o el cumplimiento de “estándares” autoimpuestos. Ninguna cantidad de autorregulación impidió que Bankman-Fried desviara miles de millones de dólares de sus clientes, dejando a personas sin acceso a sus fondos por dos años.
Si bien la industria se ha declarado lista para su debut institucional, poco ha cambiado para prevenir el fraude que todavía abunda en ella. Los legisladores que prometieron evitar que volviera a repetirse algo como FTX nunca aprobaron ninguna legislación para tal efecto. Más bien algunos de ellos se han acercado a la industria y han aceptado trabajar para socavar cualquier protección real.
Hoy que muchas instituciones financieras vuelven sus ojos hacia las criptomonedas y el aumento de los precios tienta a una ola de inversores minoristas a comprar con la esperanza de obtener grandes beneficios, lo que está en juego nunca ha sido tan alto. Los precios podrían seguir subiendo, impulsados por la euforia de tener creyentes y partidarios en espacios de poder.
Existe la posibilidad de que, cuando eso suceda, las criptomonedas se hayan integrado tanto con el resto del mundo financiero que deba evitarse a toda costa un colapso de los activos digitales especulativos. ¿Serán los rescates gubernamentales, financiados por contribuyentes que tal vez ni siquiera tengan criptoactivos, los que finalmente frenarán el fraude y los riesgos endémicos de la industria? Parece que los creyentes que ahora llegan a Washington están más cerca que nunca de su objetivo de apoderarse del sistema financiero. En ese momento, puede que las criptoinstituciones sean demasiado grandes para quebrar.
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