La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) fue cerrada por el gobierno de Donald Trump, luego de que el también magnate Elon Musk, pieza clave de la plutocracia que controla el gobierno estadounidense, la calificara de “nido de víboras marxistas que odian a Estados Unidos”.
En muchos lugares del mundo, paradójicamente, la USAID ha sido acusada —y existen numerosas evidencias— de financiar conspiraciones y golpes de Estado contra gobiernos legítimos que, según Washington, “odian a Estados Unidos”.
Al cierre de la USAID se suman otras decisiones de recortes, acceso a información sensible que en conjunto revelan cómo el nuevo grupo en el gobierno del país más poderoso del planeta ha llegado al poder para incrementar las fortunas de sus integrantes y para dañar a un Estado del que se han beneficiado. En el desastre, ellos van a ganar de cualquier modo.
Sería ingenuo pensar que el cierre de la USAID supone el fin de la injerencia estadounidense en los asuntos de otros países. En todo caso, se trataría del cierre de la “cara amable” del intervencionismo, que tiene su verdadero rostro en anuncios o amenazas como el cambio de nombre del Golfo de México, la idea de comprar Groenlandia o la de apoderarse de Gaza para convertirla en una zona hotelera. O, más claramente, las amenazas de Trump de borrar a Irán de la faz de la tierra.
La USAID es una agencia independiente, cuenta con un presupuesto de 42 mil 800 millones de dólares y fue creada por una ley del Congreso con la finalidad formal de operar la ayuda para fines tan nobles como la educación, el combate del hambre y las enfermedades. Sin embargo, en distintos momentos de la historia, sus programas han financiado a organizaciones que, en sus países, se oponen a gobiernos legítimamente constituidos.
En el gobierno de Trump, el ultramillonario Musk se desempeña como cabeza del Departamento de Eficiencia Gubernamental. En ese carácter hizo el anuncio que provocó protestas de los demócratas y de centenares de organizaciones que en todo el mundo recibían fondos de la entidad.
En el alud de protestas, destaca El Vaticano, que afirmó que debilitar a la USAID “socavará décadas en asistencia humanitaria y de desarrollo” y condenará a millones a “una pobreza deshumanizante”.
La iglesia católica, y en particular su brazo de asistencia Cáritas Internacional, depende en buena medida de las aportaciones de la entidad estadounidense.
En México, la USAID participa en diversos proyectos, pero se hizo tristemente célebre por el financiamiento otorgado a grupos dedicados a propalar mentiras y propaganda contra los gobiernos de la transformación.
El caso que ha recibido mayor atención es el de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, organismo encabezado por el empresario Claudio X. González, que en el periodo 2018-2024 recibió alrededor de 96 millones de pesos. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador calificó tal financiamiento como injerencia extranjera en los asuntos nacionales.
No se trata de rechazar la cooperación para el desarrollo, sino los fondos destinados a financiar estrategias desestabilizadoras.
EU dijo repetidamente que ningún financiamiento se podía utilizar con fines partidistas, pero volteaba hacia otro lado cuando se aportaban pruebas del activismo político partidista de personajes que, como Claudio X. González, se dedicaron —y dedican— al golpeteo político y a organizar esfuerzos de “unidad” contra el gobierno.
Organismos como el del empresario González, que también recibe aportaciones de millonarios mexicanos, competían con pequeñas Organizaciones No Gubernamentales que tienen décadas trabajando a favor de diversas causas.
EU utiliza a derechistas y conservadores, descontentos y resentidos, así como grupos y organismos que simulan y se autonombran dueños de la sociedad civil, para la tarea infame de sabotear a un gobierno legal y legítimo, elegido democráticamente por una amplia mayoría.
Más allá de la USAID, es el derecho internacional y el respeto lo que debe prevalecer entre Estados libres y soberanos. El espionaje y los apoyos económicos a opositores antidemocráticos no contribuyen a atender los retos de nuestra compleja agenda común.