En días recientes, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) presentó sus resultados financieros de 2024 en una llamada con analistas e inversionistas. Las cifras reflejan un giro preocupante: una pérdida neta acumulada de 124.4 mil millones de pesos, en contraste con la ganancia de 96.2 mil millones de pesos en todo 2023. Aunque estas pérdidas son menores a las de Pemex (equivalentes al 0.37 por ciento del PIB frente al 1.8 por ciento del PIB de la petrolera), representan casi una quinta parte de los ingresos totales de CFE el año pasado.
Sin embargo, un análisis más profundo revela matices importantes. En términos operativos, la empresa reportó un superávit de 137.9 mil millones de pesos, superior a los 126.3 mil millones de 2023. Además, los ingresos crecieron 3.5 por ciento anual, superando el incremento en costos (2.1 por ciento). Este crecimiento responde a mayores ingresos tanto por suministro de electricidad (+4 pro ciento) como por venta de combustibles (+20.6 por ciento).
A diferencia de la extracción de hidrocarburos, el desempeño del sector eléctrico está estrechamente ligado a la actividad económica. Entre 2010 y 2021, la capacidad de generación eléctrica mostró una correlación clara con el crecimiento del país. Sin embargo, la incertidumbre regulatoria y la falta de inversión en transmisión y distribución han limitado su expansión en los últimos años.
La evolución histórica refuerza esta tendencia. En 1993, antes del TLCAN, la extracción de hidrocarburos representaba 6.2 por ciento del PIB, mientras que la electricidad y otros servicios energéticos apenas alcanzaban el 1 por ciento. Treinta años después, el peso del petróleo en la economía se redujo a 2.1 por cientio del PIB, mientras que el sector eléctrico incrementó su participación a 1.2 por ciento, habiendo alcanzado un pico de 2.1 por ciento en 2020. El sector eléctrico ha crecido a una tasa anual del 3.5 por ciento en las últimas tres décadas, por encima del 2 por ciento del PIB total, consolidándose como un pilar para sectores intensivos en capital, como la manufactura.
La reforma energética en discusión en el Congreso podría marcar un punto de inflexión. A diferencia de la propuesta de 2021, que buscaba reducir drásticamente la participación privada, el nuevo esquema mantiene el mercado eléctrico mayorista, permite esquemas de generación mixta entre CFE y empresas privadas y establece reglas más claras para el 54 por ciento de participación de CFE en la electricidad inyectada a la red, incluyendo la generada por productores con contratos de largo plazo.
Si bien persisten desafíos en la regulación del despacho eléctrico, este marco podría evitar un freno abrupto al crecimiento del sector y facilitar una recuperación gradual de la dinámica observada entre 2010 y 2020. El verdadero reto para CFE no solo es financiero, sino también institucional. México atraviesa una serie de reformas que impactarán su crecimiento de largo plazo. Algunas generan incertidumbre económica, como la reforma judicial; otras presionan las finanzas públicas, como la reforma de pensiones y la del Infonavit; y algunas más afectan la dinámica del empleo formal, como la política de incrementos al salario mínimo por encima de la inflación.
En este contexto, la clave para CFE será que la reforma impulse el desarrollo del sector eléctrico sin quedar atrapada en las restricciones fiscales del país. Los optimistas ven una oportunidad en el dinamismo de la manufactura; los pesimistas, en cambio, advierten que los obstáculos políticos podrían frenar cualquier avance. El desenlace dependerá de cómo se implemente la reforma. ¿Será un catalizador para el crecimiento del sector o un nuevo capítulo en la incertidumbre energética del país?