Mientras el gobierno no incorpore en la elaboración de políticas públicas nuevas y funcionales a los colectivos y activistas de familiares desaparecidos, todo lo que haga para sortear la crisis será pura demagogia.
La crisis por la que transita la presidenta Sheinbaum, por los campos de exterminio existentes en buena parte del territorio nacional, no se va a terminar con montajes, con ocurrencias o con la creación de nuevos mecanismos de búsqueda que ya existen y que han sido insuficientes para tener un padrón real de los desaparecidos en el país de al menos los últimos seis años.
En el sexenio de López Obrador se maquillaron las cifras de desaparecidos de forma burda e irresponsable, ya que por decreto redujeron a la mitad las cifras que existían en la materia en el año de 2023, hecho que provocó la renuncia de Karla Quintana como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda.
La experta en derechos humanos reveló en su momento que se dieron de baja del padrón casos en donde solo había indicios de desaparición, casos de homónimos o mediante la instrucción al código fuente del Registro Nacional de quitar a quienes, por ejemplo, no tenían segundo apellido, con tal de reducir el número de desaparecidos.
Es decir, en lugar de contar con un registro nacional de personas desaparecidas confiable, se optó por rebajar el padrón por arte de magia tabasqueña.
Ahora, luego de que los colectivos de Jalisco denunciaron lo que ocurrió en el rancho de Teuchitlán, con la difusión de ropa, mochilas, calzado y toda clase de prendas de vestir, además de restos óseos calcinados —imágenes que le dieron la vuelta al mundo— se pusieron las pilas en la FGR de Gertz Manero, para minimizar un hecho que debería provocar una declaración de luto nacional y no solo por Teuchitlán, sino por otros campos de exterminio que están documentados en esa entidad y en otras regiones del país.
Nada de empatía por los familiares de los miles de desaparecidos durante el sexenio de AMLO y lo que va de este; al contrario, ahora los estigmatizan por las declaraciones del Cártel Jalisco Nueva Generación, que aseguran son falsas las acusaciones en su contra.
Resulta que las víctimas pasaron a ser los malos de la película y los criminales alinean sus mensajes a los del gobierno de la 4T.
Ante la oportunidad dorada de sumarse a la causa de los colectivos de desaparecidos, la presidenta prefirió endilgarles adjetivos groseros e insensibles como “carroñeros”, en vez de acompañarlos en su dolor.
Durante su sexenio, López Obrador no recibió a nadie de los colectivos de desaparecidos; al contrario, los acusó de servir a la causa de la oposición y de sus detractores.
Los familiares de niños, jóvenes, mujeres y adultos que han desaparecido no solo tienen que cargar con su cruz, sino también soportar la indolencia e indiferencia del gobierno y que, en muchos casos, en su frenética búsqueda, los familiares han sido asesinados.
158 colectivos y activistas dieron respuesta a cada uno de los seis puntos que propuso la jefa del Ejecutivo federal en torno a este grave problema.
Ante la propuesta presidencial del fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, señalan que la comisionada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún tiene una clara incapacidad técnica, por lo que exigen su renuncia al cargo.
En cuanto a las reformas a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y la creación de una Plataforma Nacional de Identificación Humana, los buscadores apuntan que refleja un nivel de desconocimiento, dado que ya existe una obligación de crear el Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF) que la Fiscalía General de la República se ha negado a implementar, así como el Registro Nacional de Personas Fallecidas. Consideran que revivir la iniciativa del expresidente Calderón sobre una cédula única no resuelve en lo inmediato la crisis.
En relación con la propuesta de emitir una alerta de búsqueda inmediata sin esperar 72 horas, los colectivos recordaron que la ley ya establece que la búsqueda de una persona debe ser inmediata, pero es la falta de voluntad lo que entorpece la investigación. Son los operadores del sistema (los ministerios públicos y fiscalías) el primer obstáculo para iniciar las búsquedas.
Otro tema en el que se enfoca la propuesta presidencial tiene que ver con el acompañamiento a familiares con personas desaparecidas, que ha resultado letra muerta, ya que desde 2014 está instalado el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, sin que a la fecha se haya convocado a llevar a cabo sesión alguna.
La demanda de estas agrupaciones se concreta en la siguiente reflexión: “sabemos que, como todos los gobiernos de México, este no ha mostrado interés real y serio en consultarnos y establecer un diálogo constructivo; sin embargo, ejercemos nuestro derecho no solo a expresarnos, sino a la participación en temas relacionados con la búsqueda de nuestros familiares”. Los colectivos reiteraron su disposición al diálogo.