Utilizando la metáfora del presidente Donald Trump, el pasado 2 de abril fue el ‘día de la liberación’… de México, pero sólo de los aranceles recíprocos impuestos por parte de Estados Unidos.
Como se sabe, Trump dejó fuera de los nuevos aranceles recíprocos a sus vecinos y socios en el T-MEC, México y Canadá.
Si bien se ganó en certidumbre, la situación arancelaria de México es la misma que había antes del anuncio de este miércoles.
Más aún, la implementación de los aranceles anunciados previamente por la UE ya se consumó a través de tres vertientes.
El 4 de marzo entraron en vigor los aranceles del 25 por ciento que Trump impuso a los productos de México y Canadá.
Esta orden, emitida por Trump al amparo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA por sus siglas en inglés) para respaldar los aranceles y que él vinculó al tráfico de drogas y la migración desde México y Canadá hacia la UE, no grava los productos que están cubiertos dentro del T-MEC .
Los aranceles del 25 por ciento no se aplican a los productos que, al cumplir con las reglas de origen del T-MEC, califiquen para la preferencia arancelaria.
De acuerdo con analistas y expertos en comercio internacional consultados, como Juan Carlos Baker, exsubsecretario de Comercio Exterior, en esa condición está entre el 50 y 60 por ciento de las exportaciones de mercancías mexicanas hacia la UE.
Pero en la conferencia matutina del jueves pasado, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, reiteró que el 85 por ciento de las exportaciones de México al mercado estadounidense está cubierto por el T-MEC, por lo que se buscará que el 15 por ciento restante se incorpore al tratado comercial para evitar los aranceles.
En cualquier caso, el porcentaje de las importaciones estadounidenses procedentes de México no cubiertas por el T-MEC, está bajo el estatus de nación más favorecida y sujeta al pago del arancel.
Si la orden emitida al amparo de la IEEPA sobre fentanilo y migración fuera cancelada, los productos que cumplan con el T-MEC continuarán recibiendo el tratamiento arancelario preferencial, pero los que no califiquen como originarios estarán sujetos a un arancel recíproco del 12 por ciento.
Además, el 12 de marzo entraron en vigor los aranceles del 25 por ciento sobre todas las importaciones estadounidenses de acero y aluminio, incluidas las provenientes de México y Canadá.
En este caso, UE anunció la imposición de los aranceles sobre todas sus importaciones de acero y aluminio al amparo de la Sección 232 de su Ley de Expansión Comercial de 1962, que invoca cuestiones de seguridad nacional.
El mismo argumento, la Sección 232, fue utilizada por el gobierno de Trump para anunciar la imposición de aranceles del 25 por ciento sobre las importaciones de vehículos ligeros y ciertas autopartes, que entraron en vigor el 3 de abril para los primeros y estarán vigentes no después del 3 de mayo para las segundas.
La Casa Blanca determina que el arancel sólo se aplicará al valor del contenido no estadounidense.
La regla de origen automotriz del T-MEC establece que, para evitar aranceles, al menos el 75 por ciento del valor de un vehículo debe provenir de Norteamérica.
Según estimaciones de la industria automotriz, el 90 por ciento de las empresas armadas mexicanas cumple con las reglas del T-MEC.
Sin embargo, el desafío de la industria en México será certificar el origen de cada componente para cumplir con las reglas de contenido estadounidenses.
En cualquier escenario, un vehículo producido en México y exportado a UE aún es más barato que uno fabricado en la Unión Americana, concluye un análisis de costos realizado por Óscar Silva, socio de Roland Berger México y líder automotriz y de fabricación para la firma.
Lo anterior, a pesar de los aranceles que impuso Trump, de los cuales México podría salir beneficiado, pues su posición competitiva relativa a otros países proveedores de autos de la UE mejoraría, estima el experto.
Si bien México puede gozar de una ventaja competitiva más notoria con la exención de los aranceles recíprocos, aún enfrenta retos estructurales, que pueden limitar el crecimiento económico.
Los 18 programas y acciones para acelerar la puesta en marcha del Plan México anunciados el jueves por la presidenta Claudia Sheinbaum son una buena plataforma para fortalecer el crecimiento de largo plazo a partir de la inversión.
Pero más allá del Plan México, es necesario enfrentar los problemas estructurales e institucionales, comenzando por los de inseguridad, corrupción y falta de certeza jurídica, que desincentivan la inversión y obstaculizan el crecimiento de la economía.