En enero de 2022, hace más de 3 años, Aleatica presentó una demanda por supuesto daño moral derivado de mis expresiones relacionadas con la grave corrupción asociada al Viaducto Bicentenario, que es un bien propiedad de la Nación que Aleatica explota ilegalmente, sin concesión del Gobierno Federal.
Como lo señalé desde un principio, esa demanda no es otra cosa más que una demanda estratégica contra la participación pública, que fue presentada por Aleatica con la intención de intimidarme y silenciarme, de modo que dejara de denunciar la grave corrupción asociada a los proyectos de infraestructura pública de Aleatica en México.
La denuncia pública de corrupción es una manifestación del derecho a la libertad de expresión y constituye una de las formas más eficaces de combate a la corrupción.
Aleatica y sus subsidiarias son particulares con proyección pública; los proyectos de infraestructura pública que indebidamente se le han otorgado en concesión son proyectos de evidente interés general; la explotación ilegal del Viaducto Bicentenario, que Aleatica lleva a cabo sin concesión otorgada por el Gobierno Federal, está acreditada; todas mis expresiones sobre Aleatica y el Viaducto Bicentenario fueron emitidas a partir de un análisis serio y diligente de toda la información disponible, con el propósito de generar un beneficio a la Nación y a la colectividad; y todas esas expresiones versan sobre cuestiones de un evidente interés público.
Para poder exigir la responsabilidad por daño moral derivada de un ejercicio abusivo de mi derecho a la libertad de expresión, en este caso Aleatica tendría que haber acreditado: (i) que mis expresiones constituían información y no opiniones; (ii) que la información difundida era falsa; y (iii) que la información fue difundida a sabiendas de su falsedad, con la sola intención de causar un daño.
Nada de esto fue probado por Aleatica en el juicio, por la simple y sencilla razón de que no puede ser probado, porque la realidad no se lo permite.
Aleatica demandó a pesar de que sabía (lo mismo que sus abogados) que no podía acreditar la existencia y materialidad del daño. Lo hizo con el apoyo ilegal de empleados públicos del más alto nivel en el Gobierno Federal y en el Gobierno del Estado de México, que siguen gozado –sin desasosiego alguno– de una inmerecida libertad.
En el colmo del absurdo y la arbitrariedad, Aleatica solicitó al juez que conoció del asunto que me condenara no sólo al pago de los daños y perjuicios directos, sino incluso al pago de daños “punitivos” por una supuesta afectación a su “reputación”.
Yo sostengo que quien llama ladrón al ladrón no lo desprestigia ni daña su reputación.
Puede describirlo e incluso exhibirlo, pero no desprestigiarlo. ¿Cuál es la reputación de Aleatica? Pues la de ser una empresa corrupta, consentida de Peña Nieto y de Alfredo del Mazo y protegida por Julio Scherer, que no tiene llenadera y que no quiere dejar de robar.
El día 12 de marzo, la juez competente dictó sentencia definitiva de primera instancia, en la que me absolvió de todas las prestaciones indebidamente reclamadas por Aleatica, pues consideró –entre otras cosas–, que Aleatica no acreditó la supuesta afectación en sus derechos de personalidad.
Visto a la luz del resultado en esta instancia, alguien podría pensar que el asunto es sólo una cuestión anecdótica, sin mayor relevancia, pero no lo es. Este tipo de juicios estratégicos contra la participación pública generan un enorme desgaste personal (emocional y económico) y familiar y desincentiva la denuncia pública de corrupción.
Hace años prometí que daría la batalla hasta el final, de manera digna y valiente, contra la corrupta Aleatica y sus socios dentro y fuera del gobierno y pienso que he cumplido cabalmente mi promesa.
No puedo asegurar el resultado final, pero sí puedo asegurarles que los corruptos seguirán enfrentando aquí una férrea resistencia ciudadana.
Me despido con una pregunta, que no es trivial: ¿qué espera el Gobierno Federal para recuperar el Viaducto Bicentenario en beneficio de la Nación?